Los docentes universitarios de todo el país están llevando adelante una nueva semana de paro, desde este lunes 13 hasta el sábado 18 de abril, convocada por la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU Histórica) y respaldada por la Asociación Gremial Docente (AGD) de la Universidad de Buenos Aires (UBA). La medida de fuerza responde al incumplimiento del Gobierno nacional de Javier Milei de la Ley de Financiamiento Universitario, que ya acumula más de 172 días sin ser aplicada desde su aprobación en el Congreso. Más allá de la indiscutible justeza de las exigencias docentes y no docentes, sus reclamos no están logrando un apoyo social generalizado y el Gobierno especula con el sostenido deterioro de la educación superior.
El reclamo central es por una recomposición salarial del 50%, porcentaje que marca la propia ley para recuperar el poder adquisitivo perdido desde la asunción de la administración Milei. Según los gremios, desde diciembre de 2023 los docentes resignaron un tercio de su salario real. La respuesta del Ejecutivo fue un aumento unilateral del 6,7% distribuido en tres tramos —2,5% en enero, 2,2% en febrero y 2% en marzo—, cifras que quedaron por debajo de la inflación de cada uno de esos meses e incluso por debajo del IPC de la Ciudad de Buenos Aires. «El aumento fue tan bajo que quienes cobran la garantía salarial ni siquiera lo percibieron», señalaron desde AGD-UBA.
A la distancia entre lo ofrecido y lo reclamado se suma una dimensión judicial. La Cámara Contencioso Administrativo Federal dictó un fallo que le ordena al Poder Ejecutivo aplicar de manera inmediata los artículos 5 y 6 de la ley —los referidos a la actualización salarial de docentes y no docentes—, calificando como «poco serio» el argumento oficial que había suspendido la norma alegando que el texto no especificaba el origen de los fondos. Pese a esa resolución, el Gobierno mantiene el incumplimiento.
Mientras avanza el conflicto, el Ejecutivo impulsa en el Congreso un proyecto propio de financiamiento universitario que propone aumentos escalonados del 4,1% en tres tramos hasta septiembre, elimina la recomposición acumulada del período 2023-2024 y suprime la garantía de actualización por inflación según el INDEC. El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) rechazó la propuesta y exigió la aplicación de la ley original. «Debe haber pocas leyes en la historia institucional del país con tanta legitimidad», sostuvo el presidente del CIN, Franco Bartolacci.
Los gremios sostienen que el paro no interrumpe algo que ya funciona con normalidad. «El paro no es el que afecta el normal funcionamiento de las clases; las clases ya estaban afectadas desde el momento en que un docente tuvo que manejar un Uber o pedalear al ritmo de una aplicación de pedidos de comida para llegar a fin de mes», plantearon desde AGD-UBA. Según datos de la CONADU, casi 10 mil docentes renunciaron a sus cargos desde que asumió la actual gestión. Los gremios reclaman además la convocatoria a una nueva marcha universitaria para principios de mayo.
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