La crisis interna en la Asociación de Supervisores de la Industria Metalúrgica de la República Argentina (ASIMRA) atraviesa un nuevo episodio tras la reciente resolución de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo (Sala IV), que rechazó un planteo presentado en el marco de la disputa electoral que sacude al gremio que encabeza Luis Alberto García Ortiz.
Se trata de una sentencia interlocutoria que, en línea con el dictamen fiscal, desestimó una presentación realizada en el expediente sin avanzar sobre el fondo del conflicto ni definir la validez del proceso electoral cuestionado. La decisión se inscribe en una causa que enfrenta a sectores internos del sindicato y que continúa abierta en sede judicial.
ASIMRA: Sin autoridades certificadas
El secretario general García Ortíz continúa en el centro de la escena, sin lograr validar su polémica reelección en las elecciones de noviembre pasado.
El origen de la controversia se remonta al inicio del proceso electoral. El 22 de septiembre de 2025, la Junta Electoral Nacional oficializó distintas listas para competir en seccionales del país, pero resolvió no habilitar a la Lista Azul–Marrón para la contienda nacional tras advertir irregularidades en la documentación presentada.
A partir de esa resolución, el espacio opositor —encabezado por Carlos Gutiérrez— impulsó acciones judiciales ante la Cámara laboral con el objetivo de revertir su exclusión. Sin embargo, el tribunal rechazó en dos oportunidades las medidas cautelares solicitadas, lo que permitió que las elecciones se desarrollaran con normalidad el 4 de noviembre de 2025 en todo el país.
Lejos de cerrarse, el conflicto escaló en las semanas posteriores con denuncias públicas, presentaciones judiciales y un clima de fuerte tensión interna. En ese contexto, el 5 de febrero de 2026 la Secretaría de Trabajo de la Nación Argentina resolvió no otorgar la certificación de autoridades nacionales para el período 2026–2030, en función de la judicialización del proceso electoral.
El argumento de Trabajo para dejar a la ASIMRA sin nuevas autoridades
Según pudo saber Mundo Gremial, la cartera laboral mantiene esa decisión en base al seguimiento de distintas causas penales vinculadas al proceso electoral, en las que se investigan presuntas maniobras como adulteración de documentación, estafa procesal, movimientos irregulares de fondos y la posible existencia de una asociación ilícita. De acuerdo con esa información, el avance de esas investigaciones habría impactado también en el expediente laboral donde se tramita la validez del proceso electoral, influyendo en la decisión administrativa de no emitir la certificación de autoridades.
Entre las actuaciones mencionadas figura una causa radicada en la Justicia Federal de Comodoro Py (CCC 65.342/2025), en la que se investigan presuntos delitos de estafa, defraudación, uso de documentación adulterada y falsificación de documentos públicos, bajo la órbita del juez federal Julián Ercolini y la Fiscalía Federal N° 7.
La falta de ese reconocimiento formal mantiene al gremio en una situación de fragilidad institucional, con la legitimidad de su conducción bajo disputa y sin validación administrativa vigente.
En paralelo, la Lista Azul–Marrón difundió un comunicado en el que denunció una “crisis institucional grave”, cuestionó la conducción encabezada por Garcia Ortiz y advirtió sobre presuntas irregularidades en el proceso electoral, incluyendo la existencia de denuncias penales en curso.
Fuertes internas en el gremio
En el plano político-sindical, además, se profundizan las tensiones internas. Sectores del interior —especialmente del sur del país— plantean un creciente distanciamiento con la conducción nacional, mientras circulan cuestionamientos sobre la situación de la obra social del gremio, OSSIMRA, en medio de versiones sobre dificultades financieras y presuntos vínculos entre prestadores y allegados a la dirigencia.
En ese escenario, y con el conflicto aún sin resolución de fondo en la Justicia, dentro del gremio ya se evalúa la posibilidad de avanzar en una nueva convocatoria electoral como vía para intentar recomponer la institucionalidad y destrabar la disputa interna.
Con un proceso judicial abierto, causas penales en curso, tensiones políticas crecientes y sin certificación oficial de autoridades, ASIMRA continúa atravesando uno de los momentos más delicados de su historia reciente.
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