En las últimas horas, el Ministerio de Capital Humano le aplicó una multa de $21.241.500.000 al sindicato ferroviario La Fraternidad por haber participado del paro general del 19 de febrero convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT), lo que el Gobierno consideró como un incumplimiento de la conciliación obligatoria sobre una medida de fuerza del gremio, dictada el pasado 5 de febrero. La sanción fue encuadrada como infracción «muy grave» bajo el régimen de la Ley 25.212, lo que prevé multas de hasta el 2.000% del salario mínimo por cada trabajador afectado. La cartera que conduce Sandra Pettovello sostuvo que la medida de fuerza afectó «el normal desarrollo de la prestación de servicios» y que la sanción busca «resguardar el interés general».
El secretario general de La Fraternidad, Omar Maturano, anticipó que el gremio recurrirá a la Justicia para apelar el pago de la multa millonaria. «Lo veremos con nuestro abogado y seguramente iremos a la Justicia porque para nosotros está mal aplicada», dijo el dirigente. Luego fue incluso más allá, advirtiéndole al Gobierno que si la medida se mantiene, el sindicato podría lanzar un paro por tiempo indeterminado. La evidente intención del oficialismo es buscar que la amenaza de este tipo de sanciones millonarias disuada a otros sindicatos de futuras medidas de fuerza.
Más allá de La Fraternidad, el Gobierno analiza aplicarle una multa por el mismo tema, pero de un monto aún mayor (en torno a los $70.000 millones), a la Unión Tranviarios Automotor (UTA). Desde la UTA sostienen que la conciliación obligatoria vigente alcanzaba únicamente al conflicto salarial de los choferes del interior y no a los trabajadores del AMBA. El debate jurídico sobre el alcance de las conciliaciones se convierte así en un campo de disputa que el Ejecutivo utiliza para estrechar el margen de acción de los sindicatos e intentar, de hecho, limitar el derecho de huelga.
La CGT había advertido desde marzo que cualquier sanción contra los gremios implicaba una persecución política y sindical, reclamando que el Gobierno priorizara la situación del empleo, el cierre de empresas y la pérdida de poder adquisitivo. La multa se conoció en la previa de la movilización del 1° de Mayo a Plaza de Mayo, convocada para este jueves 30 de abril bajo el lema «El trabajo es con derechos o es esclavo», donde la central obrera prevé denunciar que el programa económico beneficia a sectores financieros en detrimento de la industria, la construcción y el comercio, reafirmando su rechazo a la reforma laboral.
La ofensiva del Gobierno contra los sindicatos combina distintos frentes: la sanción económica a quienes ejercen el derecho de huelga, la impugnación judicial a las cautelares que frenaban la reforma laboral y las presiones sostenidas sobre la negociación paritaria. El objetivo es claro y apunta a elevar el costo de la protesta y acotar la capacidad de respuesta del movimiento obrero en un contexto de caída del empleo, cierre de fábricas y deterioro del salario real.
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