Al desamparo sindical de un gremio acéfalo, una conducción cuestionada que se rehúsa a ir a elecciones, más una justicia que no avanza, los trabajadores del SOMU, suman el abandono en la salud de una Obra Social, con prórroga de mandatos para Raúl Durdos y su directorio, que solo acumula deudas y déficit millonarios, la indefensión de los afiliados frente a la ausencia de prestaciones y un llamativo desorden financiero y de transparencia administrativa, que incluiría un acuerdo con la gestión libertaria.
Según informes oficiales de la Superintendencia de Servicios de Salud, la Obra Social del Personal Marítimo (OSPM), enfrenta una severa crisis financiera con un déficit acumulado que supera los $3.300 millones y una deuda prestacional cercana a los $4.800 millones.
El rojo contable refleja que la deuda supera por tres veces los ingresos mensuales de la institución. Debido a la falta de cobertura contratada, un porcentaje altísimo de las urgencias y prácticas críticas se derivan a hospitales públicos. Los afiliados y entidades de control han manifestado fallas en las prestaciones, demoras y dificultades para acceder a una cobertura integral.
El directorio de la Obra Social del Personal Marítimo, está integrado por Raúl Omar Durdos como Presidente; Tomás Manuel Martinez, vicepresidente; Jorge David Ramírez en calidad de Tesorero; Matías Hernán Vargas como Secretario de Actas y Fernando Luis Toledo de Secretario de Acción Social. Los miembros suplentes lo conforman Juan Angel Navarro y Damian Aníbal Soler; y la Comisión Revisora de Cuentas esta integrada por Marcelo Oscar Cricelli, Mayra Alejandra Ramos y Pablo Leonardo Souza. A su vez, como director gerente está el abogado de Gustavo Alonso, Gustavo Gret de director medico, y los abogados Luciano Doria y Sebastián Gramajo.
El mandato de las autoridades venció el pasado 26 de Marzo pero fue beneficiado con la extensión de sus facultades por parte de la Superintendencia de Servicios de Salud, desconociendose el alcance de la prórroga.
La pata libertaria en OSPM
Según información interna desde la Obra Social del SOMU, se señala a Luciano Castello como operador intermediario entre el directorio de OSPM con la Superintendencia y el gobierno libertario.
Cabe aclarar, que a Luciano Castello de Modum Salud, se lo señalo en un documento publicado por distintos medios, como responsable de un modus operandi para el control de obras sociales sindicales, de la mano de prestadores, empresarios y personajes clave. Entre varias obras sociales se menciona a la Obra Social del Personal Marítimo del SOMU.
Una Obra Social en estado de abandono y vaciamiento
La Obra Social del Personal Marítimo (OSPM) atraviesa un cuadro de deterioro profundo que combina desorden financiero, fallas de gestión y una prestación sanitaria cada vez más debilitada.
La obra social, a cargo de Raúl Durdos por mandato extendido otorgado por la Superintendencia de Servicios de Salud, según el último informe público acumula un déficit superior a los $3.300 millones y una deuda prestacional que supera los $4.800 millones, cifra que equivale a tres veces sus ingresos mensuales. El endeudamiento creció de manera sostenida durante el último año sin que exista un plan de saneamiento ni una explicación clara sobre su composición.
A ello se suma un atraso anual en los registros contables, información incompleta sobre los gastos administrativos y la imposibilidad de validar la deuda real con los prestadores por falta de documentación respaldatoria. Los auditores habrían señalado que la entidad no puede acreditar con precisión cómo se conforman sus pasivos, dificultando cualquier intento de reconstrucción financiera.
Entre las anomalías más sensibles figura un préstamo de $300 millones otorgado por el sindicato, del cual no existen actas ni condiciones de devolución disponibles. A esto se agregan contratos prestacionales sin registrar, documentación incompleta y demoras en la entrega de información obligatoria, lo que impidió verificar la red de prestadores y su cobertura real.
Se destaca la existencia de observaciones graves en el área de discapacidad, donde se identificaron subsidios y prestaciones tramitadas por montos muy significativos que no se ajustan a la normativa vigente. También se detectaron demoras y faltantes en la rendición de fondos vinculados a estas prácticas, situación que en obras sociales suele ser un termómetro del desorden prestacional general.
El desbalance entre ingresos y egresos, sumado a la ausencia de registros fundamentales sobre prestaciones, movimientos financieros y programas sensibles como discapacidad, deja a la OSPM en una situación límite y bajo un creciente cuestionamiento sobre el manejo de sus recursos.
Fallas estructurales en la cobertura y carencia de controles sanitarios
Se pudo conocer que durante la auditoría se constató que la obra social carece de un Programa Médico Asistencial vigente, mantiene una cartilla con observaciones sin corregir y no presenta la información estadística que exige la normativa en vigencia. Tampoco cuenta con manuales de procedimiento internos ni con un sistema de auditoría capaz de supervisar adecuadamente a las empresas que suministran buena parte de las prestaciones.
Como resultado, la cobertura presenta vacíos críticos, y una proporción significativa de prácticas esenciales termina siendo absorbida por hospitales públicos debido a la falta de prestadores propios o contratados.
Las cifras más preocupantes se registran en cuatro áreas. En neonatología, el 85% de las internaciones se realizan fuera de la red de la obra social. En el caso de las mamografías y partos, el 45% se deriva al sistema estatal. Finalmente, la tasa de cesáreas asciende al 80%, lejos de los parámetros clínicos aceptables y sin evidencia de protocolos que regulen su indicación.
La combinación de esta tasa y las derivaciones recurrentes al sector público refleja un patrón que organismos sanitarios suelen asociar a la falta de protocolos, controles débiles y decisiones organizativas que priorizan tiempos o costos por encima de criterios clínicos.
Se revela también un subregistro llamativo de patologías de alta prevalencia —como hipertensión y diabetes— junto con un número reducido de controles preventivos, lo que indica falta de detección temprana y casi nulo seguimiento clínico. Para una población de más de 20 mil afiliados, las cifras son más bajas de lo esperable y sugieren que la obra social no busca activamente a los pacientes que debería detectar ni mantiene programas de control continuos.
Aunque muchas obras sociales tienen dificultades en la prevención, en este caso el nivel de subregistro es inusual: no se trata de un desorden sectorial sino de una ausencia casi total de controles sanitarios básicos que la normativa exige.
Judicialización y trabas en el acceso a prestaciones
Otro indicador del deterioro es la creciente judicialización. La obra social acumula decenas de acciones judiciales vinculadas con negativas de cobertura, demoras en autorizaciones, irregularidades de afiliación y fallas en prestaciones esenciales, especialmente en discapacidad, salud mental y tratamientos de alto costo.
La auditoría también detectó resoluciones judiciales y amparos por prestaciones insatisfechas, particularmente en áreas que requieren autorización inmediata, y un número elevado de reclamos internos sin resolver. Con una llamativa cantidad de casos donde no se autorizan órdenes que están incluidas en el plan médico.
Estas irregularidades guardan coincidencias con los testimonios de afiliados que circulan en redes sociales, donde se describe un circuito de autorizaciones lento, centralizado y poco transparente, que obliga a reiterar trámites para acceder a prácticas básicas del PMO o incluso recurrir a la atención particular a costo propio.
Un sistema que compromete la salud de los trabajadores maritimos
En conjunto, el resumen de las auditorías proporcionado por la oposición describe una obra social financieramente desbordada, administrativamente desordenada y prestacionalmente debilitada. La combinación de deuda creciente, falta de controles, incumplimientos normativos y una red sanitaria fragmentada configura un escenario que compromete la calidad de atención y expone a los afiliados a situaciones de vulnerabilidad.
La urgencia de corregir esta situación no es solo administrativa: es sanitaria. El deterioro actual no solo afecta la gestión interna; impacta directamente en la salud de miles de trabajadores marítimos y sus familias, que dependen de un sistema que hoy muestra serias dificultades para garantizar prestaciones básicas y que, de no revertirse, podría enfrentar serios problemas para sostener la atención en el corto plazo.
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