El gobierno de Javier Milei avanza con sanciones de magnitud sin precedentes contra dos sindicatos del transporte por haber adherido al paro general de la Confederación General del Trabajo (CGT) del pasado 19 de febrero. La Fraternidad, que conduce Omar Maturano, ya recibió una multa de 21.241 millones de pesos, que el gremio impugnará judicialmente este jueves. La Unión Tranviarios Automotor (UTA), liderada por Roberto Fernández, enfrenta una sanción que rondaría los 70.000 millones de pesos, aunque el gobierno aún no la oficializó. En ambos casos, la justificación del Ministerio de Capital Humano es que los sindicatos violaron conciliaciones obligatorias vigentes al momento del paro, en supuesta infracción a la Ley 14.786, que obliga a suspender cualquier medida de fuerza mientras dure el período de conciliación en conflictos de servicios esenciales.
Ambos gremios rechazan esa interpretación. La UTA sostiene que la conciliación obligatoria había sido dictada exclusivamente en el marco de un conflicto salarial de los choferes de colectivos del interior del país, por lo que la paralización en el AMBA era legalmente válida. La Fraternidad, por su parte, argumenta que la restricción a las medidas de fuerza no puede extenderse a un paro general convocado por la central sindical, ya que ese conflicto excede ampliamente el objeto de la conciliación. Se trata de una disputa de interpretación jurídica con consecuencias enormes: si prevalece la lectura del gobierno, cualquier sindicato bajo conciliación obligatoria —figura que el Ministerio puede dictar con relativa facilidad en actividades consideradas esenciales— quedaría automáticamente impedido de adherir a paros generales, lo que vaciaría de contenido el derecho constitucional a la huelga.
Al respecto, la Fraternidad anunció una doble estrategia de resistencia en la que, además de la impugnación judicial que presentará esta semana, Sebastián Maturano, secretario Gremial del sindicato e hijo del titular, viajará en junio a Ginebra para denunciar al gobierno argentino ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en el marco de la conferencia anual del organismo. La denuncia apunta a instalar el caso en el plano internacional como ejemplo de violación de la libertad sindical, en un gobierno que ya fue señalado por la OIT en relación con otros aspectos de su reforma laboral.
En el caso de la UTA, el cuadro tiene una dimensión adicional que revela la lógica de premios y castigos con la que opera el Gobierno. En el ambiente sindical se considera que la demora para oficializar la multa a la UTA respondería a que el gremio que de los choferes no adhirió al paro general del 10 de abril de 2025, justificándose precisamente en una conciliación obligatoria vigente en ese momento, lo que fue leído como un guiño hacia la administración libertaria. El gobierno niega que la demora tenga ese motivo y aduce que aún se están completando las pericias en las provincias para determinar si la paralización se efectivizó en el interior. Pero la selectividad en la aplicación de las sanciones forma parte de la estrategia de fragmentar al movimiento sindical, premiando a los gremios que se distancian de la conducción de la CGT y castigando a los que se alinean con ella.
La CGT respondió calificando las multas de «persecución política y sindical» y señalando que el gobierno debería concentrarse en la escalada de cierres de empresas, el aumento del desempleo y la caída del salario real en lugar de perseguir a los trabajadores por ejercer su derecho constitucional a la huelga. El único antecedente comparable en la historia reciente es la multa que el gobierno de Mauricio Macri le aplicó al Sindicato de Camioneros en 2018 por violación de conciliación obligatoria —809 millones de pesos de entonces—, sanción que fue finalmente declarada nula en 2020 por el gobierno de Alberto Fernández por defectos en el proceso administrativo. El dato no es menor ya que las multas de Milei son entre 25 y 85 veces mayores que aquella, lo que da la pauta del carácter intimidatorio que las distingue de cualquier aplicación rutinaria de la normativa laboral vigente.
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