La Corte Internacional de Justicia (CIJ) emitió este jueves una opinión consultiva de fuerte impacto para el movimiento sindical global, determinando que el derecho de huelga está comprendido dentro del Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), dedicado a la libertad sindical. La decisión representa un respaldo histórico a una interpretación sostenida durante décadas por los órganos técnicos de la OIT y por las centrales sindicales, frente a los cuestionamientos impulsados por sectores empresariales de distintos países del mundo.
La controversia llevaba años atravesando a la OIT y, mientras que los representantes de los trabajadores y distintos especialistas en derecho laboral sostenían que la huelga constituye una herramienta inseparable de la libertad sindical, los grupos empresarios argumentaban que el Convenio 87 no menciona explícitamente ese derecho y que, por lo tanto, no podía considerarse protegido por ese tratado. La disputa escaló hasta llegar a la Corte de La Haya, que finalmente avaló la interpretación histórica de la OIT.
El pronunciamiento tiene relevancia internacional porque fortalece el reconocimiento del derecho de huelga como garantía fundamental en el sistema jurídico laboral global. Aunque las opiniones consultivas de la CIJ no funcionan como fallos obligatorios para los Estados, sí poseen un enorme peso jurídico y político, especialmente porque se trata del máximo tribunal internacional de Naciones Unidas y de un debate que involucraba directamente a la OIT.
En Argentina, la resolución aparece en un contexto particularmente sensible, ya que desde la asunción de Javier Milei, el Gobierno libertario intentó avanzar en distintas oportunidades con diversas restricciones al derecho de huelga, ampliando las actividades consideradas “esenciales” y cuestionando medidas sindicales mediante decretos y resoluciones administrativas. El DNU 70/2023, por ejemplo, incluyó modificaciones laborales que fueron fuertemente resistidas por las centrales obreras y luego parcialmente frenadas por la Justicia.
La decisión de la CIJ, entonces, podría convertirse en una herramienta jurídica de peso para los sindicatos y organizaciones gremiales frente a futuros intentos de limitar las medidas de fuerza por parte de los distintos gobiernos del mundo. También fortalece la posición de los trabajadores en debates abiertos sobre la definición de “servicios esenciales”, las conciliaciones obligatorias y toda una serie de regulaciones que, bajo el argumento de garantizar prestaciones mínimas, terminan restringiendo el ejercicio efectivo del derecho a huelga.
El fallo llega además en un momento de fuerte conflictividad laboral a nivel local, marcado por despidos masivos en el Estado, cierres de fábricas y reformas orientadas a una drástica desregulación económica. En ese escenario, la definición de la CIJ funciona como una señal política de alcance global que ratifica que, sin posibilidad real de huelga, la libertad sindical corre el riesgo de convertirse en una cáscara vacía, en un derecho escrito en los papeles pero sin herramientas concretas para ejercerlo.
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