El Gobierno oficializó la quita del subsidio que el Estado otorgaba a las empresas de transporte de larga distancia por la entrega de pasajes gratuitos a personas con discapacidad, trasplantadas y niños, niñas y adolescentes con cáncer. A partir de ahora, los privados deberán hacerse cargo de la totalidad del beneficio.
El gobierno de Javier Milei le dio otro golpe al sistema de protección de las personas con discapacidad. A través de la Resolución 28/2026 de la secretaría de Transporte, el Poder Ejecutivo eliminó formalmente el régimen de compensaciones económicas que el Estado otorgaba a las empresas de micros de larga distancia por la entrega de pasajes gratuitos.
Bajo el disfraz de la «simplificación normativa», la gestión libertaria traslada el costo financiero directamente a los privados, en un movimiento que, en la práctica, pone en riesgo la movilidad de miles de ciudadanos que dependen de este beneficio. La medida deroga un esquema de compensaciones que funcionaba desde 2018 y que permitía que el Estado cubriera parcialmente el costo de los boletos que, por ley, las transportistas deben otorgar sin cargo a personas con discapacidad, trasplantados, pacientes en lista de espera y niños con cáncer.
Si bien la normativa oficial se esfuerza en aclarar que el derecho a la gratuidad de los pasajes «permanece plenamente vigente y exigible» frente a las empresas, la realidad en las terminales de ómnibus cuenta una historia diferente: un sector empresarial asfixiado que ya empezó a retacear los cupos ante la falta de pago estatal.
Para justificar este recorte, el Gobierno se ampara en el Decreto 883/2024, que desreguló el transporte automotor interjurisdiccional. Según la mirada de la secretaría de Transporte, al existir ahora una «libertad tarifaria» que permite a las empresas fijar libremente sus precios y recorridos, la causa estructural que justificaba el subsidio ha sido «superada». Para la lógica libertaria, los operadores ahora tienen la capacidad de «internalizar dentro de su estructura de costos» las obligaciones legales, una frase técnica que oculta una transferencia de responsabilidades del Estado hacia un sector privado que ya se encuentra en pie de guerra.
Este ajuste se produce en un contexto de absoluta asfixia para el bolsillo de los trabajadores. Según informes citados por las fuentes, desde que Milei asumió la presidencia, el boleto mínimo de colectivo se multiplicó hasta 16 veces, con incrementos de hasta el 1545% en algunas jurisdicciones. Mientras las tarifas vuelan por encima de cualquier índice de precios, el Salario Mínimo, Vital y Móvil perdió un 43% de su poder adquisitivo real, obligando a los sectores de menores ingresos a destinar el 17,3% de su salario solo al transporte, frente al escaso 2,6% que destinaban en diciembre de 2023.
Pero lo más alarmante de esta resolución es que ignora deliberadamente los antecedentes judiciales recientes: en noviembre de 2024, ante la negativa de las empresas de entregar pasajes por la desregulación, la Justicia Federal ordenó que se mantuviera la gratuidad pero exigió explícitamente al Estado que continuara abonando las compensaciones económicas. El fallo del Juzgado Federal número 11 fue tajante al señalar que el Estado debía buscar el mecanismo para compensar a las empresas conforme a la normativa vigente.
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