El Gobierno nacional oficializó este martes el pase a disponibilidad de 77 trabajadores estatales de las unidades turísticas de Chapadmalal y Embalse, en el marco del plan de cierre y futura privatización de ambos complejos históricos.
La medida fue publicada en el Boletín Oficial mediante la resolución 129/2026 de la Jefatura de Gabinete y afecta a 58 empleados del predio bonaerense y a otros 19 del complejo cordobés.
La decisión generó preocupación entre los gremios estatales, ya que se trata de trabajadores que quedarán eximidos de prestar tareas, aunque deberán permanecer localizables durante su jornada laboral ante cualquier convocatoria del Estado. Según informó la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), el período de disponibilidad se extenderá entre seis y doce meses.
Desde el sindicato advirtieron que la situación representa “un nuevo avance sobre el empleo público y sobre espacios históricos vinculados al turismo social”. Además, remarcaron que, una vez vencido el plazo de disponibilidad, quienes consigan trabajo fuera del Estado quedarán desvinculados automáticamente de la administración pública, aunque conservarán el derecho a una indemnización bajo la Ley Marco de Empleo Público.
La medida se produce luego de que el Gobierno avanzara con la supresión de las estructuras administrativas de ambas unidades turísticas, símbolos históricos del turismo social impulsado durante el primer gobierno de Juan Domingo Perón. Chapadmalal fue inaugurada en la década de 1940 con el objetivo de garantizar vacaciones accesibles para trabajadores y sus familias, mientras que Embalse cumplió una función similar en Córdoba.
En paralelo, el Poder Ejecutivo ratificó su intención de concesionar ambos complejos al sector privado por un período de hasta 30 años. Desde la Jefatura de Gabinete sostuvieron que el objetivo es “atraer inversión privada que restaure y eleve la calidad” de las instalaciones. También argumentaron que el traspaso permitirá reducir “la carga” económica que implica actualmente el mantenimiento de los hoteles estatales.
La decisión profundiza el conflicto con los trabajadores del sector. Como antecedente reciente, la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) había intimado semanas atrás a empleados de Chapadmalal a desalojar las viviendas que ocupaban dentro del predio en un plazo de diez días.
El cierre parcial de estas unidades turísticas también reavivó el debate sobre el futuro del turismo social en la Argentina. Durante décadas, miles de familias trabajadoras accedieron a vacaciones subsidiadas en Chapadmalal y Embalse, dos complejos considerados emblemas de las políticas de inclusión social vinculadas al descanso y el acceso al oci
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