El Juzgado Federal en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo N°2 de San Martín ordenó esta semana suspender por seis meses los despidos y el desmantelamiento dispuestos por el Gobierno nacional en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). El juez Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto hizo lugar a la medida cautelar de no innovar solicitada por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y otras organizaciones, y ordenó al INTA que se abstenga de ejecutar la Resolución N°27/2026, que disponía el cierre de la Estación Experimental Agropecuaria Área Metropolitana de Buenos Aires (EEA AMBA) y sus unidades dependientes.
El alcance de la cautelar es amplio. El fallo prohíbe cualquier movimiento de personal, pase a disponibilidad o desvinculación de técnicos, traslado de equipos, asignación de edificios, venta o subasta de propiedades que ocupa la EEA AMBA, así como también la interrupción de ensayos y capacitaciones vinculados a la agricultura familiar. En su resolución, el magistrado evaluó que en la supresión de la estación experimental se evidencia «la vulneración de derechos y garantías laborales vigentes», señalando que la medida oficial transgrede «de forma manifiesta el principio de estabilidad» y los derechos laborales y sindicales de los trabajadores estatales, al sustraerlos del ámbito de protección de las convenciones colectivas de trabajo vigentes.
El fallo también destacó que la EEA AMBA y sus agencias de extensión constituyen estructuras destinadas a la investigación científica, la transferencia tecnológica, la asistencia técnica a productores y el fortalecimiento de la agricultura familiar, todas actividades «vinculadas con objetivos expresamente promovidos por la Constitución Nacional y diversas leyes nacionales». Con esta consideración, el juez reforzó el argumento de que el cierre no solo viola derechos laborales sino que también contradice mandatos legales que el propio Estado está obligado a cumplir.
El titular nacional de ATE, Rodolfo Aguiar, celebró la resolución y la calificó de «histórica». «Otra vez la Justicia nos vuelve a dar la razón y deja en manifiesto la ilegalidad con la que actúa este Gobierno», sostuvo el dirigente. El fallo se suma a una serie de reveses judiciales que viene acumulando la administración de Javier Milei en su política de desmantelamiento del Estado, que ya incluyó intentos de liquidar o reducir drásticamente organismos como el INDEC, el INTI (donde una reciente cautelar también frenó un plan de despidos masivos), el Servicio Meteorológico Nacional y el programa Remediar, entre otros.
La medida cautelar le otorga un respiro de seis meses a los trabajadores del INTA mientras se sustancia el fondo de la causa, pero el conflicto está lejos de resolverse. En más de una ocasión se confirmó la tendencia del Gobierno a resistir los fallos judiciales adversos y a buscar vías alternativas para avanzar con sus objetivos de desguace del Estado. Para ATE y el conjunto del movimiento sindical, la pelea por el INTA forma parte de una disputa más amplia por la defensa de la ciencia pública, la tecnología agropecuaria y los derechos de los trabajadores estatales frente a una política que, fallo tras fallo, los tribunales siguen declarando ilegal.
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