Guillermo Centurión, referente de la Seccional San Fernando del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), y uno de los líderes opositores más activos contra la conducción de Raúl Durdos, llevo a la justicia, una batería de denuncias y medidas preventivas en resguardo de la institucionalidad del gremio marítimo. Sumando una importante carga probatoria, y mediante el tratamiento previo en asambleas de afiliados.
A través de un extenso documento de 68 paginas, el Secretario de la Seccional San Fernando expresa rechazo a una nueva prórroga judicial, fraude del Congreso General de Delegados, nulidad del proceso electoral, desobediencia judicial, informes auditados a las cuentas bancarias y protección de bienes y patrimonio del gremio, nulidad de los acuerdos firmados a la baja, conformación de una junta electoral imparcial, maniobras de hostigamiento, persecución y violencia contra afiliados, y denuncias por el manejo de la Obra Social, entre otras varias acusaciones de gravedad que el Secretariado Nacional del Sindicato pone en práctica contra los propios trabajadores.
Algunas de las denuncias efectuadas ante la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo:
Impugna nueva prórroga judicial
Se rechaza una tercera prórroga judicial a pedido de Raúl Durdos, teniendo en cuenta el riesgo institucional para la organización y como éstas han afectado gravemente a sus afiliados.
Irregularidades del Congreso general de delegados ordinario y extraordinario.
Las denuncias presentadas apuntan a un fraude a la Organización desde lo administrativo y electoral predeterminado, iniciado desde el Congreso General de Delegados, celebrado el 17 de septiembre de 2025, en su conformación y actuación anti estatutaria para el llamado a elecciones y la aprobación de los Memoria y Balance.
Nulidad de las elecciones suspendidas.
La presentación judicial pide la nulidad definitiva del proceso electoral suspendido por la Justicia de acuerdo a las pruebas irrefutables de fraude y proceder malicioso.
Desobediencia judicial
Se actúe contra la responsabilidad penal de la Junta Electoral viciada, contra la actuación de la abogada Sandra Fojo, quien comandaba dicha junta y, contra Raúl Durdos y todos aquellos responsables del acto delictivo y desacato judicial.
Recurso de Nulidad contra los acuerdos firmados a la baja
Las denuncias cuestionan el proceder durante las prórrogas otorgadas, pidiendo la nulidad de los acuerdos salariales firmados a la baja en el sector de Arena y Piedra de Buenos Aires y con la Cámara de congeladores pesqueros, no teniendo la conducción las facultades legales para obrar en contra de los derechos de los afiliados, según recurso de protección de los derechos laborales.
Informes auditados sobre el manejo de cuentas bancarias, bienes y patrimonio
Se íntima a una auditoría e informes por parte de la Justicia con respecto a los gastos, sueldos, bienes y patrimonio del gremio durante las prórrogas judiciales y estados de acefalía para resguardo del patrimonio de los trabajadores.
Hostigamiento, violencia de género y económica contra la conducción y afiliados de San Fernando
Se denuncia un hostigamiento sistemático, violencia, amenazas y persecución sindical contra la Seccional San Fernando, alcanzando a sus dirigentes y afiliados de forma recurrente con el fin de ejercer coacción por parte de miembros del Secretariado Nacional. Medidas que incluyen el bloqueo de sistema de afiliaciones, la “intervención” desprolija y violenta de la Obra Social sindical, entre otras denuncias persecutorias.
Propuesta electoral
Se propone un llamado a un proceso electoral transparente y democrático, teniendo en cuenta las circunstancias del estado de acefalía y el vencimiento de mandatos, no prorrogados por la Justicia, de los delegados congresales, convocando a una Junta Electoral conformada por las agrupaciones gremiales y órganos fiscalizadores.
Exclusión en negociaciones paritarias
Se señala que por primera vez en la historia, la Seccional San Fernando es apartada de la representación de sus afiliados ante las Cámaras empresarias alcanzadas por su jurisdicción (medida mantenida incluso durante la intervención judicial de 2016), creando un clima irresponsable y conflictivo que afecta fundamentalmente a los trabajadores representados por sus dirigentes locales.
El Sindicato de Obreros Marítimos Unidos, hoy acéfalo, lleva más de 6 meses de prórroga judicial, tras la suspensión de las elecciones de diciembre por denuncias de fraude. La ausencia de definiciones por parte de la Justicia suma incertidumbre al futuro del gremio, con una realidad social compleja en problemáticas y necesidades inmediatas para los trabajadores. Mientras en las últimas semanas suena el rumor de más prórrogas o una posible intervención por parte de la Justicia, incluso con un pedido formal por parte de algunas agrupaciones, cada vez más voces consideran que las prórrogas judiciales, no son más que una intervención de hecho.
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