La contracara de la caída de la recaudación provincial: el incremento de la conflictividad laboral

El presente informe tiene como objetivo describir y caracterizar la conflictividad laboral en el empleo estatal de las provincias argentinas como resultado de la caída de la recaudación. A partir de la construcción de una base de datos propia, se propone analizar el impacto de la retracción del ingreso del erario público e identificar de qué manera esta disminución genera conflictos en los sectores de salud, educación, seguridad, justicia y en el conjunto de los empleados estatales.

Elaborado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), este documento releva, sistematiza y analiza casos ocurridos en lo que va del año 2026, a partir del seguimiento periódico de coberturas periodísticas. Cabe destacar que la base construida no abarca la totalidad de los casos ocurridos, sino únicamente aquellos que han adquirido relevancia en la opinión pública.

En el primer apartado se analizará la importancia de las transferencias tributarias de origen nacional hacia las provincias, tanto las correspondientes a la Coparticipación Federal de Impuestos (CFI) como las Transferencias de Origen Nacional (RON). En el segundo apartado se presentará un mapeo de los conflictos laborales estatales relevados, desagregado por provincia, sector afectado y su estado actual. Por último, se examinará la estructura del gasto de algunas provincias argentinas para identificar cuáles son las áreas de mayor peso y, en consecuencia, los sectores que resultan más afectados por la caída de la recaudación.

Transferencias a las provincias.

El flujo de recursos financieros desde el Estado Nacional hacia las jurisdicciones provinciales se concentra en tres principales canales. El primero, corresponde a las transferencias automáticas, particularmente las vinculadas al régimen de Coparticipación Federal de Impuestos (CFI). Estos recursos, compuestos principalmente por la recaudación del IVA y el Impuesto a las Ganancias, se distribuyen de manera diaria. El segundo, está constituido por las Transferencias No Automáticas, que no poseen una periodicidad preestablecida ni coeficientes fijos, sino que se instrumentan a través de convenios específicos, Programas de Asistencia Financiera (PAF) o Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Y en tercer orden, los recursos de recaudación propia de cada provincia.

Las transferencias tributarias de origen nacional representan una gran parte de los ingresos provinciales: en promedio, alcanzan 44,8% en recursos de Coparticipación Federal de Impuestos (CFI), mientras que si se incorpora el resto de transferencias de origen nacional (RON), el guarismo asciende a 54,0% del total.

En abril 2026, se observa, por cuarto mes consecutivo, un descenso interanual de los Recursos de Origen Nacional (RON), en este mes de 3,3% en términos reales. En el mismo sentido, la Coparticipación Federal de Impuestos exhibió una caída de 3,8% i.a., que ya había sufrido una caída en enero, febrero y marzo de 2026 de 8,3% y 8,9% y 7,8% respectivamente. En promedio, el cuatrimestre fue muy magro: -5,6% en RON y -7,2% en Coparticipación.

Al analizar la situación provincia por provincia, se observa un comportamiento relativamente homogéneo salvo Salta. Todas las jurisdicciones registraron en abril una caída real en las transferencias de Recursos de Origen Nacional. Se destacan Salta (-10,9%), La Rioja (-4,4%) y Formosa y Entre Ríos (-4,0%) como las más afectadas.

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Al analizar los ingresos provinciales, se observa que la caída de los Recursos de Origen Nacional fue agravada por una contracción propia de los Recursos de Origen Provincial (ROP). Desde el inicio de la gestión de Milei, estos recursos han sufrido una caída real promedio del 16,0% (período dic/23 – mar/26) en comparación con el promedio de la etapa anterior (ene/22 – nov/23).

En materia de transferencias no automáticas —Adelantos del Tesoro Nacional (ATN)—, en el acumulado del primer cuatrimestre de 2026, Misiones fue la jurisdicción que concentró el mayor volumen de recursos, con $15.000 millones.

Le siguieron Corrientes y Mendoza ($14.000 millones), Neuquén ($12.500 millones), Salta ($11.000 millones), Chaco, Entre Ríos y San Juan ($10.000 millones), Catamarca y Chubut ($6.500 millones), Jujuy ($5.000 millones), Santa Cruz ($4.000 millones) y Santa Fe ($3.000 millones).

En 2025, en ninguna provincia los Adelantos del Tesoro Nacional (ATN) representaron más del 2% del total de sus recursos, considerando la suma de Recursos de Origen Nacional (incluida la Coparticipación Federal de Impuestos) y Recursos de Origen Provincial. Esto evidencia que los ATN tuvieron un peso marginal dentro de la estructura global de financiamiento subnacional.

Principales gastos de las provincias

Para comprender en qué afecta la caída de la recaudación nacional es necesario examinar la estructura del gasto de las principales jurisdicciones. El gasto provincial se caracteriza por concentrarse en servicios sociales (que incluyen jubilaciones y salarios de docentes, personal de salud y fuerzas de seguridad) que representan, en promedio, entre el 70% y 80% del total erogado.

Santa Fe: 73,9% del total. La provincia destina la mayor parte de sus recursos a Educación (31,2%), seguido por el sistema de Seguridad Social (16,4%), Salud (14,5%) y Seguridad (11,8%). El resto se reparte en administración y un 6,2% para Obra Pública.
Córdoba: 75,2% del total. Dedica mayormente recursos a Seguridad Social (19,1%), Educación (28,5%), Salud (15,2%) y Seguridad/Justicia (12,4%). La Obra Pública representa el 7,8%.
Tucumán: 73,6% del total. El gasto se concentra en Educación (32,5%), Salud (17,1%), Seguridad/Justicia (12,8%) y Seguridad Social (11,2%). Destina 7,8% a Obra Pública.
Santa Cruz: 71,9% del total. Seguridad Social implica 24,4%, Educación 21,1%, Salud 18,2% y Seguridad 8,2%. Para Obra Pública se dedica 1,9% del total. La mayoría de los gremios impulsó una Ley de Emergencia Económica enviada a la Legislatura por el gobierno provincial que no pudo ser aprobada.

Conflictividad Laboral

La conflictividad laboral es un indicador central para el análisis de la evolución de la recaudación a nivel nacional. Con la crisis económica a nivel nacional signada específicamente por una caída en la actividad, las provincias tienen cada vez menos recursos que se refleja en el aumento de conflictos con trabajadores estatales.

Desde inicios del 2026 se registraron, al menos, 101 conflictos laborales de trabajadores estatales en todo el país. El 66,3% siguen activos y no logran solucionarse con las ofertas de paritarias de los gobiernos provinciales, mientras que el 33,7% se resolvieron momentáneamente hasta la próxima negociación paritaria.

La conflictividad de los trabajadores estatales no solo atraviesa todo el país y a la mayoría de los sectores de la administración pública, sino que además se presenta como un fenómeno que tiende a repetirse. En un contexto de aceleración inflacionaria y de pérdida acumulada del poder adquisitivo, los pocos conflictos que han sido resueltos en este período podrían reabrirse en el corto plazo.

Al analizar los casos por provincia detectamos las siguientes particularidades:

Buenos Aires: esta provincia presenta cuatro áreas principales de conflicto que afectan a los sectores de empleo público, judiciales, educación y salud. En educación se alcanzó un acuerdo paritario del 7,5% en dos tramos, aunque con una mesa de monitoreo activa y reapertura formal de negociaciones prevista para junio. En salud, los principales gremios replicaron el acuerdo paritario de estatales y docentes. Empleo público y judiciales mantienen reclamos activos: desde ATE se exige un aumento salarial de emergencia para los sectores más postergados y el pase a planta permanente de personal temporario, mientras que los trabajadores judiciales reclaman recomposición salarial y cobertura de vacantes en el Poder Judicial bonaerense.
CABA: se presentan focos activos en los sectores de educación, empleo público y salud. Los gremios docentes reclaman el adelantamiento de las paritarias debido a que los aumentos previos quedaron por debajo de la inflación, situación que comparten los empleados públicos, quienes denuncian una pérdida real de sus ingresos. En salud, profesionales autoconvocados y residentes de hospitales porteños realizan jornadas de visibilización reclamando recomposición salarial urgente y denunciando falta de insumos en centros de salud y hospitales de alta complejidad.
Catamarca: la provincia enfrenta una situación de conflicto con cinco sectores activos (empleo público, judiciales, salud, y policía). Educación alcanzó un acuerdo paritario aunque persiste el malestar por el deterioro salarial. Los reclamos son generalizados por mejoras salariales, destacándose bloqueos del Palacio Municipal y cortes de la Ruta 40 por trabajadores municipales, movilizaciones de judiciales exigiendo un aumento del 10%, paros de médicos del PAMI por recortes salariales, y un profundo malestar en las fuerzas policiales, que pese a un acuerdo formal siguen reclamando mejoras adicionales.
Chaco: se identifican cinco puntos de conflicto activo que afectan a empleo público, salud, policía y el sector ferroviario (Otros), mientras que educación alcanzó un acuerdo mediante la cláusula gatillo. En empleo público los conflictos son múltiples: cuatro gremios denuncian recortes salariales de entre el 50% y el 90%, se recortó el 80% de los salarios del Ministerio de Producción mediante una adecuación arbitraria del Fondo Estímulo —medida que fue judicializada—, y se avanza en un proyecto para que las licencias gremiales sean sin goce de haberes. A esto se suma la disolución de la empresa Servicios Ferroviarios del Chaco con liquidación de su personal de planta, y el reclamo policial por el no pago de retroactivos por ascensos.
Chubut: en esta provincia se presentan tres focos de conflicto en los sectores de educación, empleo público y salud. En educación, docentes de ATECH realizaron un acampe frente al Ministerio en el marco de un paro de 48 horas, rechazando la oferta salarial y la suspensión de la paritaria de auxiliares. Los gremios estatales ATE, UPCN y APOC atravesaron una fallida negociación paritaria con incidentes, y aunque se anunció un trato para desactivar las protestas, los gremios mantienen abierta la definición sobre la continuidad del plan de lucha. El sector salud, en la misma situación, participa de las asambleas en conjunto con los estatales.
Córdoba: presenta cinco áreas de conflicto. En educación se alcanzó un acuerdo con la UEPC que incluye aumentos atados al IPC desde mayo de 2026 hasta enero de 2027 y compensación por la quita del FONID, aunque con tensión interna. En salud y empleo público también se cerraron acuerdos: el SEP y UPS firmaron un aumento anual del 40% con cláusula gatillo, y la UTS cuenta con un acuerdo sectorial propio aunque mantiene reclamos por condiciones laborales. Los trabajadores judiciales, en cambio, mantienen el conflicto activo con paros de 48 horas y asambleas, rechazando la Ley de Equidad Previsional (Ley 11.087) y exigiendo equiparación con la justicia federal. El frente previsional vinculado a la misma ley también permanece activo con plan de lucha, judicialización y reclamos de derogación.
Corrientes: se registran seis conflictos activos en educación, empleo público (con dos situaciones diferenciadas), judiciales, salud y policía, mientras que jubilaciones cuenta con un acuerdo parcial mediante el pago de un bono de refuerzo de $100.000. Los sectores en conflicto rechazan el incremento salarial del 6% dispuesto por el gobierno provincial, calificándolo de insuficiente. Los judiciales nucleados en SITRAJ denunciaron el incumplimiento del pago de ese 6% y analizan un paro total. El personal policial activo y retirado reclama el pago de adicionales por servicios en eventos masivos como los carnavales y la Fiesta del Chamamé.
Entre Ríos: la provincia cuenta con seis sectores en conflicto activo: educación, empleo público, judiciales, policía, salud y jubilaciones. AGMER declaró formalmente la situación de conflicto tras la imposición por decreto de un 3,5% rechazado en paritaria, calificado por los gremios como «práctica desleal». En empleo público, ATE rechazó el mismo 3,5% acordado con UPCN por considerarlo insuficiente ante una pérdida acumulada superior al 40%. Los judiciales profundizaron el plan de lucha con paros de 48 horas y el STJ descontó días de paro. Los jubilados denuncian las «leyes de ajuste» y los trabajadores de salud realizaron una olla popular frente al Hospital Escuela de Salud Mental. En policía se investigan presuntas irregularidades en el pago de adicionales.
Formosa: presenta cuatro sectores, con conflicto activo en educación y empleo público, y acuerdos alcanzados en jubilaciones y judiciales. Docentes Autoconvocados realizaron marchas reclamando mejoras salariales y denunciando irregularidades en el sistema educativo. En empleo público, ATE señala que el último aumento otorgado en dos tramos entre marzo y abril ya quedó nuevamente por detrás de la inflación. Los judiciales atravesaron un conflicto con el Superior Tribunal de Justicia pero lograron encauzar la situación, al igual que el sector de jubilaciones que asimiló el incremento del 14%.
Jujuy: se identifican cuatro sectores en conflicto activo: educación, empleo público y salud, mientras que policía cuenta con un acuerdo que establece aumentos escalonados. El gobierno convocó a nueva ronda paritaria para el 12 y 13 de mayo ofreciendo un 3% para ese mes, pero el CEDEMS y la Intergremial docente mantienen estado de alerta y rechazo. Los distintos sectores exigen recomposiciones salariales urgentes, y en salud ATSA denuncia que muchos trabajadores deben cumplir doble jornada para sostener a sus familias.
La Pampa: registra dos focos de conflicto: educación mantiene el conflicto activo tras el rechazo de las ofertas oficiales, con UTELPa exigiendo la reapertura anticipada de la paritaria y la segunda ronda abierta sin oferta concreta del Ejecutivo. En empleo público, en cambio, se alcanzó un acuerdo paritario con una nueva recomposición salarial para estatales y jubilados prevista para finales de mayo.
La Rioja: presenta tres sectores en conflicto. Se alcanzó un acuerdo con los gremios docentes con piso de $870.000 por cargo y actualización bimestral por IPC, aunque Docentes Autoconvocados lo rechazaron exigiendo un piso de $1.300.000. En empleo público, ATE considera insuficiente el acuerdo del primer trimestre y denuncia que los municipios no transfieren los aumentos completos. En salud, los trabajadores tienen los salarios más bajos del país y perdieron más de 70 profesionales durante 2025 y principios de 2026 por migración a otras provincias, sin respuesta concreta del gobierno.
Mendoza: hay conflicto activo en salud, mientras que educación y empleo público alcanzaron acuerdos. Los profesionales de salud agrupados en AMProS realizaron un paro provincial con concentraciones en distintos puntos de la provincia, incluyendo el Hospital Pediátrico Humberto Notti. En empleo público firmaron APOC, Funcionarios Judiciales y Vialidad, aunque ATE continuó en diálogo por el personal de enfermería.
Misiones: registra tres áreas de conflicto activo en educación, empleo público y salud, mientras que policía alcanzó un acuerdo. Los docentes realizaron paros reclamando salarios dignos, señalando que Misiones se encuentra entre las cuatro provincias que menos pagan a sus docentes. Los trabajadores de la administración central rechazan propuestas que no contemplan el costo de vida, y en salud los gremios denuncian una pérdida equivalente a cinco salarios completos en los últimos tres años.
Neuquén: presenta tres focos de conflicto en judiciales, personal no docente (Otros) y educación, aunque esta última alcanzó un acuerdo con los docentes. El personal no docente de escuelas públicas mantiene medidas de fuerza, y SEJUN rechazó la propuesta salarial del Tribunal Superior de Justicia definiendo nuevas medidas de fuerza.
Río Negro: esta provincia presenta seis sectores, con conflicto activo en educación, empleo público, judiciales, policía y otros (ciencia y tecnología), mientras que salud alcanzó un acuerdo aunque con deuda pendiente por recategorizaciones de más de 4.600 trabajadores por 1.700 millones de pesos. UnTER cumplió un paro de 48 horas por falta de convocatoria a paritarias. En empleo público coexisten dos situaciones: ATE no tuvo medidas de fuerza provinciales en mayo, pero el sector de ciencia y tecnología —que incluye trabajadores de CNEA, INTI, INTA y Secretaría de Trabajo— realiza movilizaciones semanales en Bariloche ante la incertidumbre sobre el futuro de sus edificios. Los acampes policiales frente a dependencias continúan por tiempo indeterminado.
Salta: cuenta con cuatro sectores: educación y empleo público con acuerdos vigentes por un 10% escalonado hasta junio, mientras que salud y policía mantienen conflictos activos. El Círculo Médico mantiene un conflicto de larga data con el Instituto de Sanidad (IPS) por el atraso en pagos de honorarios. Referentes policiales retirados se presentaron ante el Senado provincial para exigir su incorporación formal a la mesa de diálogo con el Ejecutivo.
San Juan: presenta cuatro áreas: educación y empleo público con acuerdos paritarios vigentes, y policía con un acuerdo alcanzado tras movilizaciones de familiares y personal. El sector salud mantiene el conflicto activo: los médicos que realizaron paros en marzo mantienen estado de alerta ante la crisis del sistema sanitario, sin acuerdo específico para el sector a mayo de 2026.
San Luis: se registran conflictos activos en los cuatro sectores relevados: educación, empleo público, salud y judiciales. El gobierno de Poggi despidió docentes rurales que reclamaban condiciones laborales. En salud, ATE denuncia una merma del 35% del personal por migración a provincias vecinas como Córdoba, con una pérdida adquisitiva proyectada del 100% para abril de 2026. Los reclamos incluyen reapertura de negociación salarial y mejoras que compensen el deterioro del poder adquisitivo.
Santa Cruz: esta provincia registra cinco focos de conflicto activo que afectan a educación, empleo público, judiciales, policía y salud. ADOSAC ejecutó un paro de 96 horas del 12 al 15 de mayo exigiendo reapertura de paritarias y devolución de descuentos por días de huelga, en un contexto donde el gobierno de Vidal confirmó una pauta salarial cero para 2026 mediante la Resolución 030/26. Todos los sectores estatales anunciaron paros de hasta 96 horas, y los policías autoconvocados mantienen el reclamo sin acuerdo formal.
Santa Fe: presenta cuatro sectores, con conflicto activo en educación, salud y policía, acuerdo en empleo público (aunque con mesas de monitoreo técnicas activas por el descontento de las bases). AMSAFE implementó una «Carpa Blanca» itinerante recorriendo distintos departamentos de la provincia para visibilizar el reclamo docente. En salud, el gremio AMRA aceptó la propuesta oficial pero SIPRUS la rechazó, y una carta formal de la ministra de Salud a los hospitales fue catalogada por los profesionales como una «provocación institucional». Los policías más jóvenes denuncian ingresos de entre $700.000 y $900.000, jornadas extendidas y obra social deficiente.
Santiago del Estero: se identifican dos sectores con acuerdos vigentes: un 42,4% de aumento desde febrero de 2026 para docentes y estatales, con piso de $1.130.000. Sin embargo, CISADEMS exige un piso de $1.300.000 y denuncia que el básico de $338.000 impide que los adicionales mejoren sustancialmente el haber final. En empleo público, ATE denuncia que los municipios están transfiriendo en promedio solo el 25% del aumento dispuesto por el gobierno provincial.
Tierra del Fuego: cuenta con cuatro sectores en conflicto activo: educación, empleo público, judiciales y salud. SUTEF ejecutó una agenda de acciones gremiales del 11 al 13 de mayo y se sumó masivamente a la Marcha Federal Universitaria. Los estatales rechazaron de forma unánime una oferta del 3,5% para mayo y 4% para julio. Los judiciales nucleados en UEJN profundizaron medidas de fuerza sumando una denuncia por el vaciamiento de la obra social del Estado fueguino. ATSA rompió formalmente el diálogo con el gobierno tras el fracaso de la paritaria, declarando estado de conflicto generalizado con retenciones de servicios y asambleas permanentes en hospitales.
Tucumán: registra tres focos de conflicto. El gobierno de Jaldo cerró acuerdos con el Frente Gremial Docente y con los principales gremios estatales (11% sobre el básico con actualización trimestral por IPC), por lo que educación provincial y empleo público cuentan con acuerdos vigentes. Sin embargo, los docentes universitarios, el sector de CONICET y ciencia y tecnología (Otros) mantienen reclamos salariales propios y participaron activamente en la Marcha Federal Universitaria del 12 de mayo.

Conclusiones.

En promedio, el primer cuatrimestre de 2026 muestra una caída de 5,6% en RON y -7,2% en Coparticipación. A esto se suma que, desde el inicio de la gestión de Milei, los recursos propios de las provincias han sufrido una caída real promedio del 16,0% (período dic/23 – mar/26) en comparación con el promedio de la etapa anterior (ene/22 – nov/23). En 2025, en ninguna provincia los Adelantos del Tesoro Nacional (ATN) representaron más del 2% del total de sus recursos, considerando la suma de Recursos de Origen Nacional (incluida la Coparticipación Federal de Impuestos) y Recursos de Origen Provincial, por lo que no representan una solución a la merma de ingresos nacionales y provinciales.
Para comprender en qué afecta la caída de la recaudación nacional es necesario examinar la estructura del gasto de las principales jurisdicciones. El gasto provincial se concentra en servicios sociales (que incluyen jubilaciones y salarios de docentes, personal de salud y fuerzas de seguridad) que representan, en promedio, entre el 70% y 80% del total erogado.
La caída de la recaudación implicó ajustes en algunos de los sectores donde se concentra el gasto. De allí que todas las provincias argentinas presentan casos de conflictividad en sectores como educación, salud, seguridad, jubilaciones y justicia.
Desde inicios del 2026 se registraron al menos 101 conflictos laborales de trabajadores estatales en todo el país. El 66,3% siguen activos y no logran solucionarse, mientras que el 33,7% se resolvieron momentáneamente hasta la próxima negociación paritaria.
En respuesta a esta situación, el Gobierno nacional oficializó mediante el Decreto 219/2026 un régimen de anticipos financieros para 12 provincias (Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, La Rioja, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán), por hasta $400.000 millones. El decreto reconoce que dichas provincias se ven impedidas transitoriamente de atender sus compromisos presupuestarios más urgentes, y establece que los anticipos deberán reintegrarse dentro del ejercicio fiscal mediante retención automática de coparticipación.
En definitiva, la dinámica ha sido la siguiente: la caída del consumo se reflejó en la retracción de transferencias por Coparticipación y en caída de recaudación de impuestos propios de las provincias. Ello tensionó las relaciones laborales en el sector público y generó recortes en salud, educación, seguridad social, seguridad y/o justicia. Se multiplicaron los conflictos. Para paliar el problema, el Estado nacional interviene proponiendo adelantos de coparticipación, que implican menores ingresos futuros y consolidan la caída de la actividad. La necesidad de recursos debilita, aún más, el poder de negociación de las provincias: de ahora en más, el gobierno nacional sólo ofrecerá mantener el esquema de adelantos.