Representantes de las universidades y del Poder Ejecutivo firmaron una suba del 24,3% que se completará en octubre.
Este miércoles pasado el mediodía se rubricó formalmente el acuerdo al que llegaron las universidades y el Gobierno nacional, según el cual la administración libertaria pagará una parte -aproximadamente la mitad- de lo que exige la Ley de Financiamiento Universitario.
En horas del mediodía se llevó a cabo la reunión entre los sindicatos docentes universitarios, no docentes, FUA (estudiantes), el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y representantes de la Casa Rosada, según el cual se les otorgará a docentes y no docentes un aumento del 24,3% en dos tramos a lo largo de los próximos cinco meses: 21,3% en junio y 3% en octubre.
Uno de los puntos clave que habrían logrado destrabar la negociación fue que el Gobierno dio marcha atrás con la exigencia de que las universidades retiraran la demanda por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, que el gobierno no cumple pese a estar vigente desde hace ocho meses, y sobre la cual debe decidir la Corte Suprema de Justicia.
Los representantes de docentes, no docentes y estudiantes universitarios esperaban con optimismo que la firma del acuerdo llegara sin ninguna sorpresa de último momento, sin cambios en la postura oficial ni diferencias entre lo hablado y el texto definitivo.
Según lo que se resolvió hoy, además del incremento del 24,3% ya cerrado, se abrirían negociaciones paritarias al menos cada tres meses, seguramente atadas, más o menos, a la inflacion del INDEC.
Aunque desde el CIN expresaron que la idea aprobada por ambas partes es que la inflación sea el piso para negociar de aquí en más, habrá que ver cómo se ajusta esa expectativa al techo del 2% mensual que el Ministerio de Economía viene sosteniendo para todas las paritarias.
En este sentido, la prueba de fuego estará dentro de tres meses cuando, en principio, universidades y Gobierno volverían a reunirse, casi coincidiendo con el 3% restante que se otorga ahora.
Además, se modifica la Garantía Salarial Docente, para que el aumento tenga mayor impacto en algunos escalafones.
En el acuerdo aparece fijado que inmediatamente después de firmada el acta se realizará la Paritaria Nacional para refrendarla.
Mientras tanto, queda pendiente un 25% perdido por el personal de las universidades en 2024, que seguirá siendo objeto de demanda y de resolución de una Corte Suprema que, con este acuerdo, tendrá menos presión para apurar su sentencia y más chances de estirar los plazos sin incomodar al Poder Ejecutivo.
Un detalle esencial en la negociación es que el incremento inicial del 21,3% se dará en junio, con lo cual impactará en el aguinaldo.
Otras cuestiones importantes que se definieron fueron las siguientes:
- Se aumenta el 20% de gastos de funcionamiento en el Presupuesto 2026 de las universidades.
- Se aumenta el 50% las Becas Belgrano, un incentivo económico mensual para estudiantes regulares de las consideradas como “carreras estratégicas”, que permanecen congeladas en $81.685 desde hace más de 2 años.
- Se aumenta en 50 mil millones el aporte a los Hospitales Universitarios.
- Las cuestiones salariales las seguirán negociando los gremios, no el CIN como pretendía el Gobierno.
También se fija una actualización del 20% en los gastos de mantenimiento, donde se incluyen unos 50 mil millones de pesos extra para los Hospitales Universitarios, a los cuales se les adeudan 80 mil millones en lo que va del año.
Desde el sector universitario, y más allá de que seguirán insistiendo por el 25% de aumento restante (que contrarrestaría el atraso salarial), reconocen que “un incremento del 21% con impacto en el aguinaldo es importante, teniendo en cuenta que las paritarias vienen siendo de 1,5%”.
El presupuesto de las universidades se devaluó un 35% desde la asunción de Javier Milei y llegaría al 45% a fin de año si no se producen cambios, tomando como base de proyección la inflación estimada por el Relevamiento Mensual del Banco Central.
El presupuesto para este año es de 4,8 billones de pesos, cuando las instituciones educativas aseguran que precisan 7,3 billones para un normal funcionamiento.
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