Corte Suprema de Justicia dejó firme la medida cautelar que obliga al Estado nacional a cumplir de manera inmediata con los artículos 5 y 6 de la Ley de Financiamiento Universitario, un fallo celebrado por la comunidad académica y los gremios del sector porque ratifica la obligación de actualizar los salarios de docentes y no docentes, además de recomponer los montos de las becas estudiantiles.
El máximo tribunal rechazó el recurso extraordinario presentado por el Poder Ejecutivo al considerar que no existía una sentencia definitiva para revisar, por lo que mantuvo vigente la cautelar dictada por la Justicia Contencioso Administrativa Federal. La decisión sostiene, en esta etapa del proceso, la obligación del Gobierno de aplicar los artículos de la ley vinculados a la recomposición salarial y los programas de asistencia estudiantil, mientras continúa el trámite de la causa principal que analiza la constitucionalidad del decreto 759/2025.
La Ley de Financiamiento Universitario había sido sancionada por el Congreso tras reunir los dos tercios necesarios para rechazar el veto presidencial. Sin embargo, el Ejecutivo condicionó su aplicación a la determinación de fuentes específicas de financiamiento, lo que derivó en una presentación judicial impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y distintas universidades nacionales. Tanto el juzgado de primera instancia como la Cámara Federal habían ordenado su cumplimiento inmediato mediante una medida cautelar, decisión que ahora quedó respaldada por la Corte.
Desde la Confederación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU), la secretaria general Clara Chevalier sostuvo: “Al gobierno nacional ya no le quedan excusas. Hasta la Corte Suprema tuvo que fallar a favor de una medida cautelar que lo obliga a recomponer salarios y becas”. Además, agregó: “Sabemos que los tiempos de la Corte no son ajenos al clima político, por eso reivindicamos esto también como producto de la lucha articulada de la comunidad universitaria. No vamos a bajar los brazos hasta que el Gobierno cumpla la ley”.
La Cámara había advertido que el incumplimiento de la norma podía provocar un deterioro salarial que afectara el derecho de enseñar y aprender, además de considerar que el ahorro fiscal derivado de no aplicar la ley no representaba un impacto significativo sobre el presupuesto nacional. La cautelar, sin embargo, no abarca otros aspectos de la ley, como la recomposición integral del presupuesto universitario para 2024 y 2025.
El fallo se conoció pocos días después de que el Gobierno, el Consejo Interuniversitario Nacional y las organizaciones gremiales docentes y no docentes firmaran un acuerdo que contempla una recomposición de la masa salarial del 24,33%, un incremento del 20% en los gastos de funcionamiento de las universidades, la ampliación de las partidas para hospitales universitarios y un aumento del 50% en las Becas Manuel Belgrano. Aunque ese entendimiento reduce el impacto económico inmediato de la resolución judicial, la decisión de la Corte constituye un fuerte respaldo a la vigencia de la Ley de Financiamiento Universitario y fortalece la posición de docentes, trabajadores no docentes y estudiantes en el reclamo por su cumplimiento efectivo.
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