El extenso y doloroso proceso de degradación institucional que signó los últimos años de la ex cooperativa SanCor CUL ingresó en una fase de definiciones. Tras decretarse la quiebra de la firma, la adquisición de los pliegos licitatorios por parte de corporaciones de enorme prestigio y trayectoria dentro de la industria láctea nacional e internacional inyectó un fuerte optimismo. Firmas como Savencia, Adecoagro, Punta del Agua, Elcor y Sancor Seguros, entre otros jugadores del sector, adquirieron las bases para compulsar por los activos de la emblemática firma.
La novedad fue recibida con satisfacción por los integrantes del Comité Provisorio de Control en representación de los trabajadores, Alejandro Cabrera y Germán Llopiz; junto al delegado general de Fábrica de la Casa Central, Sebastián Sellwood; y el asesor legal del cuerpo, el Dr. Martín Anoni. Los referentes sindicales destacaron que el avance de la licitación convalida la estrategia gremial de haber solicitado la quiebra con continuidad laboral para salvaguardar las fuentes de empleo, en contraposición a la parálisis que exhibía la antigua conducción cooperativa.
Al momento de repasar el derrotero que sufrieron los empleados antes de la resolución judicial, Alejandro Cabrera recordó que la plantilla debió soportar un año entero prestando tareas sin percibir sus respectivas remuneraciones. En ese sentido, el dirigente ponderó la decisión colectiva tomada en resguardo del patrimonio productivo de SanCor.
“Teníamos razón los trabajadores cuando, luego de una larga agonía y habiendo pasado un año trabajando sin cobrar nuestros salarios, pedimos la quiebra con continuidad”, ponderó y explicó que, “sabíamos que la cooperativa ya no podía dar ninguna respuesta y existía la posibilidad de que, a partir de la quiebra, en un nuevo escenario, se pudieran salvar las plantas industriales y los puestos de trabajo”.
En esa línea, el Dr. Martín Anoni sostuvo que el ingreso de estos «pesos pesados» de la alimentación convalida jurídicamente el rumbo de la causa, importando en los hechos una aceptación explícita del proceso. Anoni calificó de «totalmente acertado» el criterio adoptado por el juzgado interviniente al «priorizar aquellas propuestas integrales que garantizarán un mayor recupero del crédito a los acreedores y la continuidad de la explotación en conjunto».
Por su parte, el delegado Sebastián Sellwood anticipó que la puja entre los oferentes permitirá mejorar las propuestas iniciales elevando la base imponible del remate. “Esto nos permite inferir que, gracias a Dios, los trabajadores podremos cobrar gran parte de nuestras acreencias, más de lo que incluso esperábamos, bienvenida sea esa posibilidad”, remarcó.
La representación obrera trazó una línea divisoria respecto de los actores que intervienen en los pasillos de los tribunales. Germán Llopiz diferenció el perfil de las empresas lácteas serias frente a ciertos sectores externos que pretenden retrotraer el expediente para transformar a la extinta cooperativa en una Sociedad Anónima (S.A.), una alternativa que se encuentra vedada por la legislación de cooperativas vigente.
Al respecto, Cabrera denunció la existencia de dos sectores perfectamente delimitados en la coyuntura en disputa por los activos: “Hay dos sectores perfectamente definidos, por un lado las empresas lácteas de enorme trayectoria y prestigio que compran los pliegos y vienen a invertir y producir, y por el otro los que no pertenecen a la industria láctea, no compran los pliegos, no ponen una moneda y meten palos en la rueda con denuncias y recursos ajenos a nuestro interés como trabajadores y acreedores”, apuntó.
Asimismo, desde el Comité Provisorio de Control restaron trascendencia a las acusaciones mediáticas vertidas contra el magistrado a cargo de la quiebra. Cabrera y Llopiz aclararon que ni la gestión del juez anterior ni la del actual merecen objeciones por parte del cuerpo de trabajadores. Tildaron el embate periodístico y jurídico como una práctica «propia de las quiebras de esta magnitud», trazando un paralelo con las denuncias que en su momento enfrentó el Juez Civil y Comercial de Reconquista, Fabián Lorenzini, durante el concurso de la agroexportadora Vicentín, las cuales finalmente terminaron desestimadas.
Los delegados gremiales advirtieron que los tiempos de la infraestructura industrial no se corresponden con los plazos de la burocracia de los expedientes. Sebastián Sellwood remarcó que las plantas industriales de SanCor exigen de manera imprescindible tareas de mantenimiento diario y un flujo de inversión genuina, advirtiendo que con cada jornada de inactividad que transcurre se vuelve más compleja la reactivación técnica de los equipos.
“Tanto la sociedad como los trabajadores y el resto de los acreedores nos encontramos a la espera del urgente arribo de los adquirentes para que pongan en marcha el plan de inversiones que los pliegos licitatorios exigen junto la explotación de las plantas industriales antes que sea demasiado tarde”, advirtió el delegado.
Para respaldar el proceso de adjudicación y exigir celeridad a las autoridades, Cabrera y Sellwood anunciaron que en los próximos días se llevará a cabo una movilización social pacífica de trabajadores de la ex Sancor CUL, acompañados por sus familias y vecinos de las comunidades afectadas. La marcha convergerá directamente en las puertas del Juzgado donde se tramita la quiebra, bajo la premisa de manifestar un rotundo «apoyo al trabajo, con la venta, inversión y reactivación inmediata de las plantas industriales».
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