El Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) convocó a un paro de 24 horas para este martes en toda la provincia de Buenos Aires en reclamo de una urgente recomposición salarial y ante el incremento de los hechos de violencia en las escuelas. La medida de fuerza, impulsada por AMET, FEB, SUTEBA y UDOCBA, marca un punto de inflexión en la relación entre los gremios docentes y la administración de Axel Kicillof, que hasta el momento había logrado evitar conflictos de esta magnitud con las organizaciones mayoritarias del sector.
A través de un comunicado conjunto, el frente sindical sostuvo que la protesta responde a un escenario de «enorme ahogo financiero a la provincia de Buenos Aires, más un ajuste brutal en la educación pública», al tiempo que advirtió que la pérdida del poder adquisitivo de los salarios continúa deteriorando las condiciones de vida de los trabajadores de la educación.
Entre los principales puntos del paro figura la exigencia de una convocatoria urgente a paritarias para discutir una propuesta que permita recuperar el salario docente.
En ese sentido, el FUDB dirigió sus reclamos tanto al Gobierno nacional como al provincial. Por un lado, exigió la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), eliminado por la administración de Javier Milei, y por el otro reclamó a la gestión bonaerense una nueva convocatoria para discutir la actualización de los haberes.
«Demandamos una propuesta salarial que permita recomponer el salario, exigencia que se dirige tanto al Gobierno Nacional, por la restitución del FONID, como al Provincial, a quien le requerimos la convocatoria urgente a Paritarias», señalaron las organizaciones gremiales.
Asimismo, remarcaron que resulta «imprescindible» atender un reclamo que vienen planteando desde hace meses, al advertir que la pérdida del poder adquisitivo afecta directamente la calidad de vida de miles de docentes en toda la provincia.
Otro de los ejes centrales del paro será la creciente preocupación por los reiterados hechos de violencia registrados en establecimientos educativos bonaerenses.
Los sindicatos calificaron la situación como «un flagelo social que requiere un abordaje multisectorial y urgente» y reclamaron la plena implementación del Acuerdo Paritario de Prevención, Erradicación, Resguardo y Reparación, además de un protocolo complementario que establezca procedimientos claros para actuar frente a estos episodios.
También solicitaron la aplicación efectiva de la legislación vigente para sancionar delitos y contravenciones, la realización de jornadas institucionales específicas y la adopción de medidas que garanticen la integridad física y psicológica de docentes, estudiantes y del conjunto de la comunidad educativa.
En el documento, el FUDB también cuestionó el aumento de la carga laboral que enfrentan los docentes y reclamó que se garantice el derecho a la desconexión digital fuera de la jornada de trabajo.
Además, pidió avanzar en modificaciones del Régimen Académico para evitar que la ampliación de tareas continúe naturalizándose dentro del sistema educativo.
En paralelo, los gremios apuntaron contra el Gobierno nacional por el desfinanciamiento de la educación técnica y exigieron la restitución de las partidas presupuestarias destinadas al sostenimiento de la Escuela Técnico Profesional
«Rechazamos el desfinanciamiento que compromete la formación de miles de jóvenes y pone en riesgo el desarrollo de una educación técnica pública, inclusiva y de calidad», expresaron.
El documento difundido por las organizaciones sindicales también manifestó preocupación por los cambios impulsados por el Gobierno nacional en materia previsional, al advertir que podrían afectar el funcionamiento del Instituto de Previsión Social (IPS) y los derechos jubilatorios de los trabajadores de la educación bonaerense.
Finalmente, el frente sindical reclamó mejoras en las prestaciones del IOMA, al sostener que la obra social debe garantizar una cobertura adecuada y oportuna para todos los docentes de la provincia.
Con esta medida de fuerza, el Frente de Unidad Docente Bonaerense profundiza el conflicto con el Gobierno provincial en un contexto de creciente malestar por la pérdida del poder adquisitivo, las condiciones laborales y el deterioro del sistema educativo, mientras las negociaciones salariales permanecen sin avances concretos.
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