Trabajadores del Conicet nucleados en la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) realizaron este miércoles una jornada nacional de protesta que tuvo su epicentro en el Polo Científico de Palermo y terminó con una intervención desmedida de la Guardia de Infantería de la Policía de la Ciudad. La concentración, que se replicó en sedes de todo el país bajo la consigna «Conicet en lucha», apuntó contra la decisión del Gobierno de no renovar las prórrogas de 379 becarios posdoctorales que finalizan sus becas este mes y se quedan sin trabajo, a pesar de haber sido postulados a la Carrera del Investigador Científico y Tecnológico (CICyT) 2025 y tener confirmado su ingreso recién para 2028. Según denunció la secretaria general de ATE-Conicet Capital, Victoria García, los efectivos policiales «empujaron con escudos a manifestantes que permanecían sobre la vereda, tirando al piso a trabajadores y transeúntes, y golpeando a una trabajadora».
El reclamo central de la jornada fue por la no renovación de las prórrogas de becas posdoctorales para quienes están a la espera de su efectivización en la CICyT. Se trata de profesionales con al menos ocho años de trayectoria en el sistema científico, cuya situación actual fue provocada, denuncian los gremios, de manera deliberada: el Directorio postergó la convocatoria del concurso para ahorrarse meses de salarios y aportes patronales. El organismo reconoció que renovar esas becas «implicaría una erogación de cientos de miles de millones de pesos que no tiene presupuestados», pero no ofreció respuesta sobre por qué se demora la efectivización de los postulantes. El pliego de reclamos incluye también la vigencia de los concursos de la Carrera de Personal de Apoyo (CPA, que el organismo evalúa anular de forma retroactiva), la efectivización de 585 cargos pendientes de la CICyT y los 400 cargos concursados en la convocatoria de 2023.
A la amenaza de despidos se suma el desmantelamiento de la obra social Unión Personal, que dejó sin cobertura médica a centenares de becarios en todo el país. En Catamarca, entre 40 y 50 investigadores de la regional NOA-SUR tienen serias dificultades para acceder a prestaciones médicas desde que en noviembre del año pasado se interrumpió el convenio con el Colegio Médico local por falta de pago. La becaria Soledad Amaya graficó la situación: «El único beneficio laboral que teníamos era poseer una obra social». La propuesta del Directorio para resolver el problema fue ofrecer 90.000 pesos por única vez para que cada becario gestionara su propia cobertura, un monto que los gremios califican de insuficiente y que condena especialmente a quienes padecen enfermedades preexistentes o tienen familiares a cargo.
El cuadro de situación que describieron los manifestantes es de deterioro acumulado y sin precedentes recientes. Desde diciembre de 2023, el sistema científico perdió casi ocho puestos de trabajo por día. El Conicet cuenta hoy con 3.000 investigadores menos que al inicio de la gestión de Javier Milei. El presupuesto destinado a ciencia y tecnología cayó al 0,14% del PBI, por debajo incluso de los niveles registrados durante la crisis de 2001. Los salarios reales del sector acumulan una caída superior al 40%, y el congelamiento del financiamiento para proyectos e insumos de laboratorio profundiza una fuga de especialistas hacia el exterior, que el propio sistema no puede reabsorber. «Cada mes se suman nuevos reclamos, los edificios están vacíos por la falta de becarios, investigadores y personal de apoyo. Están preparando todo para poner el cartel de venta en cada oficina, en cada laboratorio», advirtió García.
La protesta de este miércoles se inscribe en un plan de lucha sostenido que ya incluyó una toma pacífica del piso 11 del Polo Científico hace dos semanas y la ocupación de la sede central del Conicet, en ambos casos durante reuniones del Directorio. En asamblea, los trabajadores resolvieron convocar a una nueva movilización para el 15 de julio, cuando el Directorio vuelva a reunirse. El conflicto en el Conicet se entrelaza con la crisis abierta en la CNEA, donde el Gobierno despidió a 170 trabajadores contratados el último día de junio y desplegó Gendarmería para desalojar la ocupación pacífica de ATE, con la crisis del INTA y con el «lockout libertario» en el INTI. La ofensiva sobre el sistema científico y tecnológico nacional avanza en varios frentes a la vez, multiplicando los despidos de personal calificado, el aislamiento y la falta de comunicación con las conducciones de los organismos y la represión abierta para quienes salen a reclamar.
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