La Cámara de Transporte de Santiago del Estero (CATSE), que agrupa a pequeñas y medianas empresas de transporte de cargas y logística, presentó un amparo colectivo ante la Justicia Federal de la Capital Federal para frenar la aplicación del Decreto 612/2026, que amplió la base de cálculo de los aportes y contribuciones destinados a las organizaciones sindicales.
La entidad sostiene que la modificación, acordada entre el Gobierno nacional y la CGT en el marco de la reglamentación de la reforma laboral, genera un incremento de los costos laborales que resulta especialmente gravoso para las pymes del sector. Según los cálculos presentados por CATSE, el impacto representa un aumento del 18,87% en el costo mensual por trabajador.
El conflicto gira en torno al artículo 9° de la Ley 14.250 de Convenciones Colectivas de Trabajo, modificado por la Ley 27.802 de Modernización Laboral. Hasta junio de 2026, el Decreto 407 establecía como base de cálculo el salario básico convencional de cada trabajador. El nuevo Decreto 612 incorporó, además, “las sumas remunerativas normales y habituales de frecuencia de pago mensual”, ampliando así el monto sobre el cual se determinan las contribuciones patronales.
Reclamo por el efecto retroactivo
CATSE cuestionó también la aplicación temporal de la nueva normativa. El Decreto 612 fue dictado el 17 de julio, aunque su publicación oficial se produjo el 20 de ese mes. Por ese motivo, la cámara solicitó que los pagos realizados entre el 1° de junio y la entrada en vigencia efectiva del decreto sean considerados intangibles y no puedan generar reclamos posteriores.
En la presentación judicial, las empresas sostienen que habían tomado decisiones comerciales y laborales sobre la base del régimen que el propio Estado había establecido y publicado el 1° de junio.
“Las empresas de la clase ajustaron presupuestos, tarifas, estructuras y decisiones de contratación sobre la base del régimen que el propio Estado fijó y publicó el 1° de junio de 2026. Cuarenta y siete días después, el mismo Estado, sin cambio legal alguno, agravó ese régimen con pretensión retroactiva”, plantea la demanda.
Otro de los argumentos centrales es que el Poder Ejecutivo habría excedido sus facultades reglamentarias al modificar por decreto la base de cálculo de obligaciones de carácter laboral y sindical. Para CATSE, corresponde al Congreso establecer los límites y alcances de este tipo de obligaciones, por lo que la modificación constituye un “exceso reglamentario”.
El impacto sobre Camioneros
La disputa tiene como uno de sus principales afectados al Sindicato de Camioneros, conducido por Hugo Moyano, debido al peso que los aportes sindicales tienen en la estructura de financiamiento de la organización.
CATSE aclaró que su planteo no cuestiona los salarios de los trabajadores. “Los trabajadores continuarán percibiendo la totalidad de sus remuneraciones convencionales, exactamente igual que antes de la medida”, sostiene la entidad en su presentación.
El reclamo apunta exclusivamente a las cargas patronales destinadas al financiamiento de las estructuras sindicales y no a modificar los ingresos de los trabajadores alcanzados por los convenios colectivos.
La cámara también señaló que existe una causa paralela en el fuero laboral iniciada por el propio Sindicato de Camioneros, aunque sostuvo que los intereses planteados en ambos expedientes son “frontalmente opuestos”.
Pedido de una medida cautelar
Ante lo que CATSE considera una superposición normativa entre el Decreto 407, el Decreto 612 y una medida judicial que suspendió parcialmente la aplicación del primero, la entidad solicitó a la Justicia el dictado de una medida cautelar de no innovar.
El objetivo es que el Poder Ejecutivo se abstenga de aplicar el nuevo régimen a las empresas representadas por la cámara hasta que se resuelva la cuestión de fondo.
CATSE sostiene que la aplicación del decreto genera un perjuicio “inminente, mensual, acumulativo y de imposible reparación ulterior”. Según la entidad, el incremento de los costos laborales podría comprometer el flujo de caja de numerosas pymes, especialmente en un sector donde la mano de obra constituye uno de los principales componentes de los costos operativos.
La presentación advierte que, de mantenerse el esquema cuestionado, las empresas podrían enfrentar dificultades financieras que deriven en embargos bancarios y afecten el normal funcionamiento de sus operaciones.
El planteo judicial abre así un nuevo frente de conflicto en torno a la reforma laboral y sus mecanismos de financiamiento sindical, con las cámaras empresarias cuestionando el alcance de la reglamentación y el Gobierno y las organizaciones sindicales defendiendo el nuevo esquema de aportes.
