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Tras una larga jornada de negociación entre la Unión Tranviarios Automotor (UTA), las empresas concesionarias y el Gobierno provincial, el conflicto salarial logró destrabarse. El acuerdo contempla el pago de la escala salarial de septiembre que incluye un aumento del 10,5% respecto a los sueldos de abril. El episodio concluye una medida de fuerza que consistió en la retención del servicio de transporte público desde la madrugada del miércoles a la tarde del jueves.

Antonio Ruíz, secretario de Finanzas de UTA, declaró ante la prensa tras el fin de la reunión: «Quiero agradecer a todo el cuerpo de delegados, porque han bajado toda bandera política para conseguir una solución favorable para todos los compañeros». Y agregó: «A partir de mañana van a cobrar lo que a ustedes les corresponde, está todo acordado y firmado».

Aunque está firmado el acuerdo que permitió destrabar la medida de fuerza sindical, siguen pendientes negociaciones entre las partes. En primer lugar, los aumentos, ajustes y sumas no remunerativas adeudadas correspondientes a los meses de mayo, junio, julio y agosto. En segundo lugar, la cámara empresaria insistirá en la conformación de una mesa técnica con el Gobierno provincial para redefinir el esquema de financiamiento, la actualización de costos operativos y la compensación de deudas con las concesionarias.

El último punto corresponde a un pedido que mantiene la Asociación Transporte Automotor de Pasajeros (ATAP). Ricardo Salvá, titular de la cámara empresarial, señaló durante las negociaciones que las concesionarias no contaban con los fondos para cumplir con el acuerdo salarial. En ese sentido, el dirigente apuntó contra el Gobierno provincial en diálogo con Diario de Cuyo: «Hace siete meses que no se recompone la estructura de costos del transporte público» a pesar de que el orreguismo se habría comprometido a pagar un porcentaje de lo estipulado.

Paro, conciliación obligatoria y medida cautelar: la cronología del conflicto
El 23 de septiembre, se firmó un acta acuerdo ante la Secretaría de Trabajo de la Nación entre la UTA y la patronal empresaria (FATAP). El entendimiento fijó un incremento salarial del 10,5% retroactivo al 1 de septiembre (calculado sobre la base de abril), viáticos diarios de $3.000 y una suma fija no remunerativa de $60.000 prevista para mediados de octubre.

Sin embargo, UTA manifestó que el acuerdo no se cumplió en la provincia. Es que al acreditarse los sueldos correspondientes a septiembre, los trabajadores constataron que los pagos se realizaron utilizando la escala desactualizada del mes de abril, omitiendo la recomposición del mes correspondiente. Así las cosas, el gremio resolvió hacer un paro desde la madrugada del 7 de octubre. Antonio Ruíz indicó a La Mecha: «La verdad que hay una una bronca generalizada de que se repita esta situación cada vez que hay un acuerdo salarial».

En paralelo, ATAP manifestó que desde junio venía solicitando al Gobierno provincial una mesa técnica para revisar la estructura de costos, argumentando un desfase económico acumulado de $5.016 millones.

Durante la mañana del 7 de octubre, el subsecretario de Trabajo Franco Marchese declaró que la medida era ilegal por no haberse notificado formalmente con anticipación ni haberse garantizado el 75% del servicio mínimo indispensable. Es que el transporte público es considerado servicio esencial. Sobre este punto, Ruíz indicó: «Somos transporte público, nos declararon esencial, pero al momento de abordar el tema salarial no lo somos».

Entre tanto, Marchese anunció que su organismo aplicaría sanciones al sindicato e incluso se dictó la conciliación obligatoria. Sin embargo, la postura de UTA se mantenía firme: «Continuamos con las medidas».

Durante el jueves, los choferes marcharon por el microcentro sanjuanino y se concentraron frente a la Subsecretaría de Trabajo con el respaldo de la Intersindical. «El Gobierno que paga puntualmente a las empresas es el mismo que persigue a los trabajadores que reclaman lo que estas empresas les deben», señalaron desde el frente gremial en un comunicado de prensa.

En simultáneo, la Justicia ordenó el cese inmediato del paro y el restablecimiento del servicio, fijando multas de $1 millón diario por cada directivo o dirigente en caso de desobediencia. El paro tampoco se detuvo entonces.

Tras seis horas de negociación en la Subsecretaría de Trabajo, el sindicato impuso sus condiciones y decidió levantar la retención de servicios. Las empresas se comprometieron a abonar el 10,5% de aumento salarial de septiembre (aproximadamente $300.000 por trabajador) junto con el reajuste de viático. Queda pendiente la negociación por las diferencias pendientes de mayo a agosto.