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El sistema biométrico funciona en 20 hospitales y otros establecimientos sanitarios de la provincia. Mientras el Gobierno avanza con su implementación, trabajadores y sindicatos cuestionan la obligatoriedad del registro y el tratamiento de datos personales. La Justicia dictó resoluciones diferentes y todavía no existe una definición general sobre su constitucionalidad.

Diario Neuquino informo que el Gobierno de Río Negro avanza con la implementación del sistema de control de asistencia mediante reconocimiento facial y geolocalización en los hospitales públicos, a pesar de los cuestionamientos sindicales y las presentaciones judiciales que buscan frenar su aplicación.

Según datos del Ministerio de Salud, el mecanismo ya alcanza a 3.384 trabajadores, una cifra cercana a la mitad del personal de la cartera sanitaria provincial.

El registro se encuentra incorporado en 20 hospitales, alrededor de 20 centros de salud y la sede central del Ministerio. Entre los establecimientos de mayor importancia que todavía restan sumar figuran los hospitales de Bariloche y Viedma.

La expansión del sistema se produce en medio de una controversia que ya generó alrededor de 50 acciones de amparo. Aunque la mayoría de las resoluciones conocidas hasta mediados de octubre resultaron favorables a la posición del Gobierno, también existen pronunciamientos contrarios a la obligatoriedad del mecanismo.

La discusión enfrenta dos cuestiones: la facultad del Estado para controlar el cumplimiento de las jornadas laborales y el derecho de los trabajadores a la protección de sus datos personales.

Los hospitales de Roca y Cipolletti concentran la mayor cantidad de trabajadores registrados
El relevamiento oficial muestra que los establecimientos del Alto Valle reúnen una parte importante del personal incorporado al sistema biométrico.

El hospital Área Programa de General Roca encabeza el registro, con 709 agentes, seguido por el hospital Pedro Moguillansky de Cipolletti, con 659 trabajadores.

También figuran entre los establecimientos con mayor cantidad de personal registrado:

Hospital de Allen: 265 agentes.
Hospital de Choele Choel: 240.
Hospital de Cinco Saltos: 213.
Hospital de Catriel: 185.
Hospital de Ingeniero Huergo: 106.
Hospital de Lamarque: 102.
Hospital de San Antonio Oeste: 89.
Hospital de Luis Beltrán: 84.
Hospital de Fernández Oro: 80.
El sistema también alcanza a establecimientos de menor tamaño, como Chimpay, Cervantes, Chichinales, El Cuy, Coronel Belisle y Pomona.

En paralelo, se incorporaron centros de atención primaria, entre ellos Balsa Las Perlas, Anai Mapu, Don Bosco, Ferri, El 30, Hermana Magdalena y La Costa Norte.

La incorporación de personal continúa de manera progresiva, por lo que la cantidad de agentes alcanzados podría aumentar a medida que se instalen los dispositivos en nuevos establecimientos.

Cómo funciona el reconocimiento facial para controlar la asistencia
El mecanismo fue establecido mediante la Resolución 986/2026 de la Secretaría de la Función Pública de Río Negro.

La normativa dispone la implementación del Sistema de Registro de Asistencia por Biometría Facial para los trabajadores comprendidos en las leyes provinciales 1844 y 1904 que prestan servicios en dependencias del Ministerio de Salud.

El registro puede realizarse mediante terminales instaladas en los establecimientos o a través de una aplicación móvil oficial.

El sistema utiliza características faciales para identificar a cada trabajador y dispone de funciones de geolocalización destinadas a verificar que la marcación se realice desde el lugar de prestación de servicios.

La resolución establece un período de 15 días corridos desde la instalación de las terminales para completar el procedimiento de registro.

Una vez finalizado ese plazo, el mecanismo pasa a ser obligatorio como medio válido para acreditar la asistencia laboral.

La normativa también contempla la posibilidad de iniciar actuaciones sumariales frente a incumplimientos, uno de los puntos cuestionados por trabajadores y organizaciones sindicales.

Por qué los sindicatos rechazan el control biométrico
Los cuestionamientos no se concentran exclusivamente en la obligación de registrar los horarios de ingreso y egreso.

Las presentaciones judiciales ponen el foco en la utilización de datos biométricos, su almacenamiento y las garantías de privacidad que ofrece el sistema.

La Asociación Sindical de Salud Pública de Río Negro (Asspur) sostuvo que la obligatoriedad del reconocimiento facial podría afectar derechos vinculados con la privacidad y la autodeterminación informativa.

El sindicato también planteó interrogantes sobre el tratamiento de la información personal y los riesgos asociados con su eventual circulación.

En respuesta a esos cuestionamientos, la Provincia informó en sede judicial que el sistema no conserva fotografías de los rostros.

Según la explicación oficial, la tecnología registra características faciales transformadas mediante procedimientos matemáticos, en lugar de almacenar directamente la imagen capturada.

El Gobierno también indicó que el Estado provincial es responsable de los datos personales y que Altec interviene como encargada del tratamiento tecnológico, bajo instrucciones oficiales.

Estas explicaciones forman parte de la defensa provincial, aunque no han cerrado la controversia sobre las garantías exigibles para utilizar información biométrica de los empleados públicos.

Qué resolvió la Justicia sobre el sistema de reconocimiento facial
La implementación del mecanismo dio lugar a distintas actuaciones judiciales, con resultados que deben analizarse por separado.

Uno de los primeros antecedentes se produjo en septiembre, cuando la Cámara del Trabajo de Viedma hizo lugar a una medida cautelar solicitada por Asspur.

En aquella oportunidad, el tribunal suspendió la aplicación de la Resolución 986/2026 hasta que se agotara la vía administrativa.

Posteriormente, el gobernador Alberto Weretilneck resolvió el reclamo administrativo mediante el Decreto 903/2026 y ratificó la implementación del sistema.

El 13 de octubre, la Cámara del Trabajo de Viedma rechazó otra medida cautelar, esta vez solicitada por UPCN, que pretendía impedir la exigencia del reconocimiento facial a trabajadores que habían manifestado su oposición.

Sin embargo, esa resolución no estableció una definición definitiva sobre la legalidad del mecanismo. Los jueces consideraron que la cuestión requería un análisis más amplio.

Dos días después, el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro rechazó la apelación presentada por una trabajadora.

El máximo tribunal provincial aclaró que esa decisión no implicaba pronunciarse sobre la constitucionalidad del sistema.

Entre sus argumentos, señaló que no se había demostrado que el mecanismo estuviera instalado o próximo a funcionar en el establecimiento de la demandante, ni que las vías ordinarias fueran insuficientes para tratar el reclamo.

Un fallo declaró inconstitucional la obligatoriedad y el Gobierno apeló
La controversia también incluye una sentencia de la Cámara Segunda del Trabajo de General Roca que declaró inconstitucional la obligatoriedad del sistema de reconocimiento facial.

El Gobierno provincial apeló esa resolución.

En ese expediente, el procurador general de Río Negro, Jorge Crespo, recomendó al Superior Tribunal de Justicia hacer lugar al recurso presentado por la Provincia y revocar el fallo.

Se trata de una instancia diferente de aquellas en las que los tribunales rechazaron acciones por cuestiones procesales, sin pronunciarse sobre la validez constitucional del mecanismo.

Por ese motivo, no puede afirmarse que la Justicia haya resuelto definitivamente si el control biométrico obligatorio es constitucional o inconstitucional.

Los distintos expedientes continúan delimitando el alcance de las facultades de control del Estado y las garantías de protección de datos de los trabajadores.

La implementación avanza mientras sigue abierta la discusión judicial
Con casi 3.400 agentes incorporados, el Gobierno de Río Negro continúa extendiendo el sistema de reconocimiento facial en los hospitales y centros de salud públicos.

La incorporación pendiente de establecimientos de gran tamaño, como los hospitales de Bariloche y Viedma, podría ampliar considerablemente su alcance.

Para la administración provincial, el mecanismo constituye una herramienta de control de asistencia del personal sanitario.

Para los trabajadores y sindicatos que lo cuestionan, el problema central es que esa fiscalización se realice mediante datos biométricos y geolocalización, bajo un régimen de cumplimiento obligatorio.

La controversia sigue abierta y tiene consecuencias que exceden a los hospitales: las decisiones judiciales que se adopten podrían establecer criterios relevantes para el uso de tecnologías de identificación biométrica en otras dependencias del Estado provincial.