El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) liberó fondos para el gobierno nacional que implican un endeudamiento adicional de U$S 300 millones. Así lo dispuso el gobierno mediante el decreto 1177/2026. El organismo financiero supranacional, como su nombre lo indica, tiene como misión fomentar proyectos de desarrollo especialmente en países de América Latina.
Así, en general, pone fondos a disposición de los países miembro para que se financien proyectos productivos y, a la vez, ofrece equipos técnicos de asistencia y capacitación para que los mismos lleguen a buen puerto. El BID, según sostiene en su propia página web, “busca consolidarse como el socio preferencial de la región para fomentar el progreso económico y social, abordar las vulnerabilidades y hacer frente al cambio climático”.
Se trata, junto con el FMI y el Banco Mundial, de uno de los organismos a los que recurre históricamente el Estado Nacional para obtener financiamiento en moneda internacional.
Sin embargo, junto con el DNU mencionado tomó estado público el decreto 1023/26 que habilita al ministerio de Modernización liderado por Federico Sturzenegger a ejecutar un plan de retiros voluntarios en el Estado destinados al personal de planta permanente de los distintos organismos.
El propósito del gobierno es avanzar con un nuevo ajuste de 21 mil puestos de trabajo en el sector público. Los retiros implican una acción voluntaria que pone a disposición de quienes deseen acceder a ellos de la opción de un mecanismo indemnizatorio especial que, claro, requiere un financiamiento.
Algunos meses atrás el Ejecutivo promovió un plan de la misma naturaleza destinado a los trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) que fue rechazado por su propio directorio por no disponer los fondos para su financiamiento. Así, en esta oportunidad, el gobierno tomó los recaudos y decidió recurrir a ese organismo financiero para que sea el que disponga de los montos necesarios para financiar la operación.
De este modo la política de ajuste fiscal del gobierno tuvo como contraparte un endeudamiento mayor del estado. Paradójicamente, una política que implica un cercenamiento de las políticas públicas y de los derechos que de ellas se derivan quedó encuadrada como una estrategia de desarrollo de un organismo que asegura proponerse como objetivo “reducir la pobreza y la desigualdad social” y promover el crecimiento sostenible y el desarrollo económico regional”.
