La presentación judicial será impulsada por Luis Barrionuevo y contará con el respaldo del Sindicato de Comercio. Los gremios acusan al Ministerio de Economía de retener recursos destinados al sistema de salud.
Unos 50 sindicatos preparan una presentación judicial contra el Gobierno nacional para reclamar la liberación de $ 688 mil millones que, según denuncian, el Ministerio de Economía mantiene retenidos y deberían destinarse al financiamiento de las obras sociales.
La iniciativa es impulsada por el dirigente gastronómico Luis Barrionuevo y contempla una denuncia contra el ministro Luis Caputo por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público.
La presentación se concretaría en las próximas horas y contará con el respaldo del Sindicato de Comercio, encabezado por Armando Cavalieri, que administra Osecac, la obra social con mayor cantidad de afiliados del país, con aproximadamente 1,2 millones de beneficiarios.
El reclamo se produce en medio de una profunda crisis financiera del sistema sindical de salud, caracterizada por dificultades para afrontar prestaciones médicas, medicamentos y tratamientos de alta complejidad.
Según informó Infobae, los gremios reclaman dos partidas que suman $ 688 mil millones y sostienen que esos recursos deberían ser distribuidos entre las obras sociales.
El monto reclamado se divide en dos partidas que, de acuerdo con los dirigentes sindicales, permanecen bajo control estatal.
La primera corresponde a $ 288 mil millones depositados en un plazo fijo del Banco Nación, vinculados con el Fondo Solidario de Redistribución (FSR), utilizado para financiar reintegros a las obras sociales.
El origen de esos recursos se remonta a 2023, cuando el entonces ministro de Economía Sergio Massa incorporó una partida adicional de casi $ 148 mil millones al Presupuesto Nacional, a pedido de la CGT.
El dinero estaba destinado a financiar prestaciones críticas, entre ellas tratamientos vinculados con discapacidad. Una parte fue transferida posteriormente a las obras sociales, mientras que el monto restante se incrementó mediante los intereses del depósito bancario.
La segunda partida corresponde a unos $ 400 mil millones invertidos en Fondos Fima, provenientes de recursos relacionados con un acuerdo de pago de Osde.
Esos fondos quedaron vinculados al Fondo de Emergencia y Asistencia de los Agentes del Seguro de Salud, administrado por la Superintendencia de Servicios de Salud.
Los gremios sostienen que ambas partidas deben destinarse al financiamiento de las prestaciones médicas y cuestionan que continúen sin distribuirse.
Un grupo de abogados trabaja en la redacción final de la presentación, que incluirá una denuncia contra Luis Caputo por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Además de exigir la liberación de los fondos, los sindicatos reclamarán que el Gobierno actualice los valores del nomenclador utilizado para calcular los pagos estatales correspondientes a determinados medicamentos.
Según los dirigentes, esos valores permanecen congelados desde hace aproximadamente tres años, lo que provoca que las obras sociales recuperen apenas el 10% de los montos que destinan a ese rubro.
La situación se agrava por el incremento de los costos médicos y las dificultades financieras que atraviesan numerosas entidades.
En ese contexto, distintos sindicatos deben utilizar recursos propios para sostener el funcionamiento de sus obras sociales, una situación que también afecta sus finanzas.
La decisión de avanzar judicialmente fue tomada durante una reunión encabezada por Luis Barrionuevo en la sede del Sindicato de Obreros de Maestranza (Somra).
Del encuentro participaron gremios vinculados con el dirigente gastronómico y representantes de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) de Capital Federal, conducida por Roberto Bonetti.
La iniciativa también representa una diferencia con la estrategia de la conducción de la Confederación General del Trabajo (CGT).
La central sindical mantuvo tres reuniones con el ministro de Salud, Mario Lugones, para intentar resolver la crisis financiera de las obras sociales, aunque los encuentros no produjeron resultados concretos.
Desde el sector de Barrionuevo cuestionan la falta de medidas de la CGT y reclaman una respuesta más contundente frente al Gobierno.
En ese sentido, el dirigente gastronómico rechaza la propuesta de realizar un paro parcial de dos o cuatro horas y plantea convocar a una huelga general de 36 horas con movilización.
Además, la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos (UTHGRA) anunció un paro nacional y una protesta frente al Ministerio de Capital Humano para el 16 de noviembre.
El sindicato reclama la certificación de sus autoridades electas y la homologación de su último acuerdo salarial.
La disputa por los fondos se desarrolla en un escenario de creciente preocupación por la sostenibilidad económica del sistema de salud sindical.
Según fuentes de la CGT citadas por Infobae, alrededor del 90% de los recursos del Fondo Solidario de Redistribución se destina actualmente a prestaciones por discapacidad.
Esas prestaciones representan un gasto aproximado de $ 160 mil millones mensuales, con un costo promedio cercano al millón de pesos por afiliado.
La concentración de recursos en ese rubro reduce el margen disponible para reintegrar gastos correspondientes a tratamientos de alta complejidad y medicamentos costosos.
El especialista sanitario Luis Scervino, extitular de la Superintendencia de Servicios de Salud y asesor de la CGT, advirtió que el sistema atraviesa una situación crítica.
“Estamos en una encerrona”, afirmó.
El especialista explicó que la caída del poder adquisitivo de los salarios reduce los ingresos provenientes de aportes y contribuciones, mientras que los costos de la atención médica continúan aumentando.
Para Scervino, esa combinación obliga a las obras sociales a asumir gastos cada vez mayores y genera conflictos que, en numerosos casos, terminan judicializándose.
“Esto es una olla a presión”, resumió.
En ese escenario, la presentación impulsada por Barrionuevo abrirá un nuevo frente judicial entre el sindicalismo y el Gobierno de Javier Milei, mientras continúa sin resolverse el conflicto por el financiamiento de las obras sociales.
