Los trabajadores nucleados en la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP) levantarán los molinetes en la estación San Pedrito de la Línea A. La liberación de accesos en el corazón de Flores marca el reinicio de un duro plan de lucha contra la concesionaria Emova, a la que acusan de aplicar un feroz recorte salarial sobre decenas de empleados.
El núcleo del conflicto radica en lo que el sindicato define como «descuentos ilegales e injustificados» aplicados de forma fraudulenta. “Acá hay descuentos que suman cientos de días por parte de la empresa que no corresponden a ninguna lógica, porque son días que se trabajan y no se pagan, sin explicación”, detalló Claudio Dellecarbonara.
Para el dirigente, no se trata de un simple error administrativo, sino que las retenciones configuran verdaderos «aprietes mafiosos» contra el personal.
El accionar de la empresa, según los metrodelegados, ignora por completo los mandatos judiciales. En diálogo con este medio, Dellecarbonara recordó que el conflicto se judicializó en 2023 y que, desde principios de este año, rige un amparo que le exige a la concesionaria cesar con las quitas y devolver el dinero. «Venimos denunciando esto hace meses. Hemos tenido audiencias. Pero desafortunadamente la Subsecretaría de Trabajo se hace la distraída para que la empresa avance con los descuentos», cuestionó el delegado, apuntando directamente contra la inacción estatal.
El cruce de versiones con la empresa terminó de caldear los ánimos en la previa de la protesta. A través de un comunicado oficial, la conducción sindical desmintió de forma tajante lo que definió como una «campaña de falacias» orquestada por Emova, que había justificado las retenciones acusando al personal de ausentarse durante sus jornadas laborales. Para los representantes gremiales, la supuesta falta de cumplimiento horario es una versión totalmente falsa y «fácilmente comprobable», por lo que ratificaron su postura de que las quitas en los recibos de sueldo carecen de cualquier tipo de sustento.
Lejos de un problema estrictamente contable, el sindicato lee una maniobra de silenciamiento detrás de los recortes de carácter alimentario. “Lo que hay detrás es una campaña para tratar de apretar a trabajadores y delegados para que dejemos de denunciar todos los problemas que hay, como el asbesto, las formaciones, las tarifas impagables, entre otros”, señaló Dellecarbonara a PERFIL. Según su visión, cada medida de fuerza legítima irrita a la concesionaria y desata represalias directas en las liquidaciones.
La controversia sumó en los últimos meses un nuevo capítulo tecnológico que agravó la crisis. El dirigente reveló a este medio que la empresa firmó un acuerdo con la firma Oracle para instalar un sistema de ingreso mediante datos biométricos faciales, una medida implementada sin consulta previa. “Hubo compañeros que se negaban a dar sus datos y no les pagaban el salario. Es un derecho no otorgar esos datos, no tenemos por qué hacerlo. Hasta los datos biométricos del rostro piden, cosa que se puede usar para estafas”, denunció.
